Integrantes del colectivo Justicia por Nuestros Deudos denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) la falta de respuesta oficial por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, la intimidación a familiares y la persistencia de operaciones funerarias irregulares en el caso del Crematorio Plenitud.
Los activistas solicitaron la intervención urgente de la FGR ante las omisiones del gobierno encabezado por María Eugenia Campos y expusieron, en un documento entregado a varias dependencias federales, la cadena de encubrimientos que vulneran derechos reconocidos en la Constitución Mexicana, así como en tratados internacionales de derechos humanos, la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
A través de la misiva también se solicitó al Senado y a la Cámara de Diputados conformar una comisión especial que investigue el caso, promueva reformas para regular los servicios funerarios y garantice justicia para las víctimas.
Citlali Cruz reiteró a Poetripiados la necesidad de que la FGR atraiga el caso, al tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, posibles delitos federales y omisiones reiteradas del gobierno estatal.
El colectivo pidió además que la FGR emita medidas cautelares, investigue la intimidación sufrida por familiares y garantice el derecho a la memoria, la verdad y la justicia.
Hasta ahora, explicó el grupo, el titular de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, no ha atendido plenamente el asunto.
En una carta abierta dirigida a las autoridades, Justicia por Nuestros Deudos denunció públicamente el hostigamiento institucional y el riesgo creciente a su seguridad como consecuencia de las manifestaciones en torno al Crematorio Plenitud, que ha afectado a más de mil 500 familias.
“Lo que parecían hechos aislados hoy revelan una red de complicidades y omisiones entre instituciones estatales, funerarias irregulares y autoridades que han fallado en su deber de proteger a los vivos y respetar a los muertos”, señala la carta.
El colectivo también citó ejemplos de hostilidad por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua:
“El pasado 11 de septiembre viajamos a Chihuahua capital en busca de respuestas ante el silencio institucional. Previamente, el 9 de septiembre, fuimos contactados por la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación para iniciar una mesa de trabajo sobre nuestra denuncia. Sin embargo, se nos condicionó a no realizar el plantón, lo cual constituye una violación directa a nuestro derecho constitucional de libre manifestación. Nos negamos a aceptar esa imposición y finalmente accedieron a recibirnos”, expone el documento.
El titular de la Fiscal Especializada en Control, Análisis y Evaluación, es Jesús David Flores Carrete.
Ese mismo día, el colectivo se manifestó frente a Palacio de Gobierno en la capital del estado, donde representantes de la gobernadora María Eugenia Campos se comprometieron a contactarlos la semana siguiente. Sin embargo, hasta el 1 de octubre, el gobierno estatal no ha cumplido con dicho compromiso.
“El sábado 13 de septiembre, como cada semana, realizamos un plantón en el puente internacional Santa Fe, y fuimos obstaculizados por autoridades estatales, quienes impidieron el ejercicio de nuestros derechos de reunión y expresión. Además, se me instó personalmente a abrir la puerta peatonal y retirar los cajeros de las casetas, acción que representa un delito federal por el cual podrían procesarme penalmente, en un claro acto de intimidación”, denunció Dora Elena Delgado Barraza, quien reiteró la urgencia de aplicar medidas inmediatas de protección para los integrantes del colectivo.
