Resulta difícil de creer —y también preocupante— que Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esté pensando en convertirse en candidato a gobernador cuando Chihuahua cerró el año en segundo lugar nacional en homicidios y comenzó 2026 en el primero. ¿Con qué resultados pretende presentarse ante el electorado? ¿Qué méritos busca exhibir en una entidad que no logra salir de los primeros lugares de violencia letal?
Mientras a nivel nacional se informa de una disminución histórica de homicidios, Chihuahua aparece en el mapa por las razones equivocadas. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 los homicidios en México se redujeron 40 por ciento. Sin embargo, en ese contexto de avance federal, Chihuahua registró 1,791 homicidios durante 2025 y se mantuvo entre los estados más violentos del país.
A pesar de que la entidad presentó una disminución anual de 12 por ciento respecto a 2024, el dato no cambia el panorama, seguimos arriba, seguimos en la lista roja, seguimos como referencia de muerte. En diciembre de 2025 se registraron 130 asesinatos en un solo mes y, en los primeros días de enero, Chihuahua apareció en primer lugar nacional. ¿De verdad este es el “éxito” que pretende convertir en plataforma política?
En lugar de explicar con seriedad los resultados, Loya ha preferido politizar la seguridad pública, asumir el papel de conferencista itinerante y construir un personaje más preocupado por el reflector que por el territorio. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde están los cambios estructurales? ¿Quién responde a las familias que viven bajo el miedo cotidiano mientras el secretario ensaya discursos?
A ello se suman los cuestionamientos por la llamada Torre Centinela, un sistema impuesto desde la Secretaría de Seguridad Pública, con contratos millonarios entregados de forma directa, rodeado de opacidad y de dudas legítimas. Los resultados en materia de homicidios, según cifras de la propia SSPE, evidencian que ese modelo no ha logrado revertir la violencia. Entonces, ¿para qué sirvió?, ¿a quién benefició realmente?, ¿por qué insistir en venderlo como “solución”?
Si Loya no ha logrado resultados convincentes al frente de la SSPE, pensar en él como gobernador no solo es un exceso de optimismo: parece un sueño guajiro. Quien crea viable su candidatura, frente a los números que exhiben la crisis de seguridad, simplemente está fuera de la realidad. Más aún cuando su equipo recurre a llamadas robóticas para medir popularidad y promocionar su imagen, y cuando aparecen bardas pintadas por todo el estado como si la propaganda pudiera sustituir los resultados.
La pregunta central es incómoda pero necesaria: ¿cómo puede aspirar a gobernar un estado quien no ha logrado garantizar algo tan elemental como el derecho a la vida y la seguridad? Chihuahua no necesita aspirantes construidos desde la mercadotecnia política, sino funcionarios capaces de responder con hechos a un problema que desborda a la ciudadanía. Los homicidios no se discuten en conferencias ni se maquillan con discursos; se miden en sillas vacías en las mesas familiares.
El balance es claro. Mientras el país avanza, Chihuahua se queda atrás en lo más doloroso. En ese contexto, pensar que el responsable de la estrategia estatal de seguridad salte a una candidatura no solo resulta increíble, también significa una falta de respeto para quienes viven cada día una violencia que ninguna cifra puede ocultar.
