Más de 32 mil mujeres embarazadas en la isla encaran mayores riesgos en su atención médica, en medio de las restricciones al suministro de combustible derivadas del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, según denunciaron autoridades sanitarias.
El Ministerio de Salud Pública informó que las limitaciones energéticas y la escasez de insumos han afectado servicios clave del programa materno infantil. La falta de combustible ha provocado interrupciones eléctricas frecuentes y una disponibilidad mínima de transporte para traslados urgentes, lo que complica el acceso a ultrasonidos obstétricos y al diagnóstico temprano de posibles malformaciones.
Especialistas advierten que el impacto no se limita a la infraestructura. Ernesto Teuma, profesor de la Universidad de las Artes, señaló que el programa materno infantil fue concebido desde la década de 1990 como una política integral que articulaba atención médica, alimentación y seguimiento continuo a las gestantes. Ese modelo permitió sostener indicadores favorables como la baja mortalidad infantil, un logro que ahora podría verse comprometido por la actual coyuntura.
Las autoridades también alertaron sobre retrasos en el esquema nacional de vacunación infantil. Alrededor de 61 mil 830 menores con necesidades especiales —entre ellos pacientes que requieren ventilación domiciliaria o climatización permanente— podrían quedar en situación de mayor vulnerabilidad.
El recrudecimiento de las sanciones, sostienen fuentes oficiales, dificulta la adquisición de medicamentos, reactivos, material gastable e instrumental médico, además de piezas de repuesto para equipos hospitalarios. El resultado es una presión creciente sobre hospitales, salones de operaciones y unidades de cuidados intensivos.
Podría llegar el fin del bloqueo energético
Un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos modificó el tablero comercial de la Casa Blanca y dejó sin sustento una de las amenazas más sensibles en la región: la imposición de aranceles a países que exportaran petróleo a Cuba. La resolución, emitida la semana pasada, determinó que varios gravámenes impulsados por el presidente Donald Trump fueron aplicados de manera inconstitucional al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El máximo tribunal concluyó que esa legislación no faculta al Ejecutivo para imponer aranceles de amplio alcance, una atribución que corresponde al Congreso. La decisión obligó al mandatario a firmar una nueva orden ejecutiva que revoca diversos gravámenes y elimina advertencias comerciales sustentadas en dicha ley.
Entre las medidas que quedaron sin efecto se encuentra la orden firmada el 29 de enero, mediante la cual se amenazaba con aplicar aranceles adicionales a cualquier nación que directa o indirectamente vendiera petróleo a Cuba. La disposición generó preocupación en países con vínculos energéticos con la isla, como México.
Tras el fallo, la Casa Blanca señaló que buscará otros instrumentos legales para justificar un arancel global de 15 por ciento; sin embargo, no ha presentado un mecanismo alternativo que sustituya específicamente la sanción vinculada al envío de crudo a Cuba. En consecuencia, especialistas consideran que esa amenaza ya no está vigente, publicño La Jornada.
De acuerdo con el medio mexicano, el abogado José Pertierra, con amplia trayectoria en litigios relacionados con la política estadounidense hacia Cuba, explicó que la Suprema Corte fue clara al establecer que la IEEPA no autoriza al presidente a fijar aranceles.
“Eso correspondería al Congreso”, subrayó. Añadió que las resoluciones del máximo tribunal constituyen la ley suprema del país y neutralizan órdenes ejecutivas contrarias a la Constitución.
El nuevo escenario abre la posibilidad de que México y otras naciones retomen envíos de petróleo a la isla sin enfrentar represalias comerciales derivadas de esa disposición, en el marco de sus decisiones soberanas en materia energética.
