La detención de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder del grupo delictivo “La Barredora”, en Paraguay representa un balde de agua fría para la oposición que durante meses aseguró, e incluso utilizó como bandera política, que nunca sería capturado.
Desde su huida de México en enero, Bermúdez Requena se mantuvo prófugo, transitando por Panamá, España y Brasil, mientras las autoridades mexicanas desplegaban operativos y solicitaban su localización a través de Interpol. La captura, coordinada entre las autoridades paraguayas y el Centro Nacional de Inteligencia de México, culminó con su prisión preventiva y el inicio del proceso de extradición, reforzando la postura del Gobierno de Morena sobre cero tolerancia a la impunidad y desmontando las narrativas de la oposición sobre supuestas protecciones políticas.
La detención también exhibe la eficacia de la cooperación internacional y de los mecanismos judiciales nacionales, que, pese a los recursos legales promovidos por Bermúdez Requena, lograron consolidar su captura. La oposición, encabezada por figuras como Ricardo Anaya, había denunciado presuntos vínculos del exfuncionario con el Gobierno federal como estrategia para desacreditar la gestión de la Cuarta Transformación, señalando de manera infundada que “El Abuelo” jamás sería detenido. Los hechos demostraron lo contrario: la justicia no distingue cargos políticos ni respaldos mediáticos. Así debería ser en todos los casos.
Además, el operativo permitió asegurar evidencia clave, como los celulares de alta gama, relojes inteligentes, joyas y documentos que podrían ser relevantes para los procesos legales en México, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas vinculadas a Bermúdez Requena y sus familiares. Este conjunto de acciones muestra la seriedad con la que el Estado mexicano persigue a los responsables de delitos graves, particularmente aquellos con antecedentes de corrupción y vínculos criminales.
Políticamente, la captura debilita los intentos de la oposición por utilizar la impunidad de figuras criminales como argumento electoral, evidenciando que las estrategias de desinformación y victimización se enfrentan a la realidad jurídica y operativa. La reacción de Morena, a través de Luisa Alcalde, subraya que la detención no solo es un triunfo judicial, sino también un mensaje de que la justicia se ejerce sin excepciones, y que quienes huyan o intenten evadirla, tarde o temprano enfrentarán las consecuencias de sus actos.
El arresto de Bermúdez Requena, realizado de manera precisa y mediatizada, también refuerza la imagen del Gobierno de Morena como eficaz frente a la corrupción y el crimen organizado, mientras evidencia que la narrativa de impunidad promovida por la oposición carece de sustento. Su extradición a México marcará un nuevo capítulo en la lucha contra la delincuencia organizada y servirá como ejemplo de que las afirmaciones políticas no pueden superar a la acción judicial y de seguridad.
El resultado es claro, porque la oposición proclamaba la imposibilidad de su captura y esto la desmiente, y el mensaje de cero tolerancia a la impunidad del actual gobierno se consolida, reforzando la confianza ciudadana en los mecanismos judiciales y de seguridad.
