La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que el amparo otorgado para frenar la demolición de presas en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte en Balleza, Chihuahua, carece de sustento legal, ya que se trata de un asunto previamente litigado y resuelto por el Poder Judicial.
“Se presentó una denuncia penal y se está dando seguimiento a toda la parte administrativa, porque no tiene sustento el amparo que se dio. Incluso, ya se había litigado y no se le había dado la razón”, aseguró durante su conferencia matutina, tras reiterar que la jueza actuó mal.
La mandataria enfatizó que el recurso hídrico en disputa no puede ser utilizado con fines privados, pues se encuentra en una cuenca que forma parte del Tratado de Aguas de 1944, acuerdo internacional entre México y Estados Unidos. “Esa agua pertenece a una de las cuencas del tratado, entonces vamos a seguir litigando”, subrayó.
También aseguró que esa agua no puede estar retenida en esas presas con fines privados.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó ayer que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntas irregularidades detectadas en el citado predio, entre ellas el posible uso ilegal de bienes nacionales y casos de maltrato animal.
Adicionalmente, la Conagua entregó al Juzgado Décimo de Distrito los elementos jurídicos que acreditan la legalidad de la demolición de una presa y otras construcciones hidráulicas en la zona, argumentando que la suspensión provisional otorgada por una jueza para frenar las acciones es improcedente.
Según la dependencia, las sanciones que ahora se ejecutan fueron previamente combatidas por Duarte en diversas instancias legales, pero validadas por el propio Poder Judicial de la Federación, por lo que actualmente se trata de una resolución firme.
“Se trata de un asunto que ha agotado todas las instancias impugnativas por la trascendencia que tiene para la sociedad”, indicó la Conagua en un comunicado, al señalar que las obras se realizaron sobre propiedad federal, desviaron el cauce natural de cuerpos de agua y aprovecharon el recurso sin contar con los permisos correspondientes.
La Comisión calificó como maniobras legales los recientes intentos de defensa de quienes buscan frenar las demoliciones, y aseguró que se trata de intentos por evadir la acción de la justicia. “Son acciones encaminadas a evitar el acaparamiento de agua en una cuenca con alto estrés hídrico”, puntualizó.
Conagua reiteró que las anomalías detectadas son graves y no pueden continuar, por lo que el proceso legal seguirá en curso tanto en su vertiente administrativa como penal, en defensa del uso responsable del agua y el cumplimiento del marco jurídico vigente.
