La lectura de una disculpa pública en el Senado por parte del abogado Jaime Velázquez de León, quien agredió físicamente al senador Gerardo Fernández Noroña, ha generado un debate que trasciende el ámbito parlamentario. Si bien la mayoría de los ciudadanos ha expresado en redes sociales su rechazo a la violencia contra funcionarios públicos, un sector más reducido ha criticado al legislador por llevar el caso hasta la máxima tribuna legislativa.
Los hechos que dieron origen a la polémica ocurrieron hace ocho meses, cuando Velázquez de León, abogado y simpatizante de la oposición, empujó a Noroña y le arrebató su teléfono celular. A pesar de que en su momento el senador exigió justicia, no buscó inicialmente un acto público de reconciliación. Sin embargo, el abogado decidió ofrecer una disculpa formal, leída ante el pleno del Senado el pasado 19 de mayo.
El acto ha sido interpretado de maneras distintas. Mientras algunos lo ven como un ejercicio de reparación, otros —especialmente figuras del conservadurismo mediático— lo calificaron como un “acto de humillación”. Fue la periodista Leti Robles de la Rosa quien difundió el video y acusó a Noroña de haber “obligado” al abogado a leer el documento. El senador respondió señalando que fue víctima de una agresión y no de un simple “increpamiento”.
La confrontación entre Noroña y Robles de la Rosa se trasladó a redes sociales, donde varios periodistas y figuras públicas se alinearon con la comunicadora, acusando al senador de autoritarismo. Entre ellos se encuentran Georgina Olson, Solangel Ochoa y Lucy Bravo, quienes minimizaron la agresión al considerarla solo una confrontación verbal. A ellos se sumaron el comunicador Joaquín López Dóriga y el economista Gerardo Esquivel, ambos críticos constantes de la 4T.
Sin embargo, detrás del ruido mediático, el episodio ha dejado al descubierto un intento más amplio de sectores de la oposición y comunicadores ligados a intereses empresariales de normalizar la violencia contra funcionarios del Gobierno Federal. Periodistas que antes gozaban de contratos publicitarios y privilegios durante administraciones pasadas, ven hoy en casos como este una oportunidad para reposicionarse en la agenda pública atacando a representantes de la Cuarta Transformación.
El respaldo a Fernández Noroña, por parte de miles de usuarios en redes sociales, refleja una preocupación legítima: la defensa del respeto a la integridad de los servidores públicos, sin que esto signifique impunidad, pero tampoco permisividad ante agresiones físicas.
