Una Corte en El Paso, Texas, desestimó el juicio civil en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, promovido por el Gobierno estatal durante la administración de Javier Corral Jurado, por la presunta adquisición ilícita de 50 propiedades en Estados Unidos valuadas en aproximadamente 25 millones de dólares.
El juez Rubén Morales resolvió que no se acreditaron pruebas suficientes que sustentaran los señalamientos en contra de Duarte y su hijo, César Adrián Duarte, por lo que concedió la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario a favor de los demandados. La decisión se basó en la falta de evidencia sólida presentada por la parte acusadora.
Durante una conferencia de prensa posterior al fallo, Duarte calificó el proceso como una “persecución política” impulsada por su sucesor. “Se confirma lo que siempre dijimos: esta fue una persecución política disfrazada de justicia. Y tendrá consecuencias legales en México y en Estados Unidos”, afirmó. También se informó que Javier Corral deberá asumir el pago de los perjuicios legales y honorarios de abogados derivados del proceso.
Por su parte, Corral rechazó que la demanda haya sido un asunto personal y aseguró que se trató de una acción emprendida institucionalmente por el Gobierno de Chihuahua. A través de un mensaje en la red social X, el exgobernador responsabilizó a la actual mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván, por no atender los requerimientos del despacho jurídico contratado, lo que impidió entregar las pruebas necesarias ante la Corte estadounidense.
“Que las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades no es porque no existan, sino porque el gobierno del estado, hoy encabezado por María Eugenia Campos, nunca atendió los requerimientos de prueba”, escribió.
Asimismo, Corral aclaró que los servicios del bufete Buzbee no representaron un gasto al erario, ya que los honorarios solo serían pagados en caso de recuperarse los bienes señalados como adquiridos con recursos públicos.
En su mensaje, el exmandatario también cuestionó la narrativa de Duarte tras el fallo judicial. “Que el más grande ladrón en la historia de Chihuahua siga victimizándose (…) no es resultado de su inocencia, (…) es producto de la complicidad con la gobernadora María Eugenia Campos y de la red protectora que construyó”, sentenció.
El regreso legal y político de Duarte
Con la resolución judicial a su favor y una nueva narrativa que se distancia de la imagen construida por sus opositores, Duarte parece intentar reposicionarse en el ámbito público. Aunque aún enfrenta procesos en México relacionados con presunto desvío de recursos, el golpe asestado en Texas marca un punto de inflexión en la prolongada disputa entre los exgobernadores de Chihuahua.
Por ahora, la justicia estadounidense ha hablado, y lo ha hecho en términos que reviven el debate sobre si la “Operación Justicia” fue una política legítima de combate a la corrupción, o bien, una persecución con claros tintes políticos.
