La participación de agentes de inteligencia estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado en la sierra de Chihuahua derivó en una acusación federal por presunta traición a la patria contra el exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, a quien se responsabiliza de haber permitido el ingreso y la intervención de dos integrantes de la CIA sin autorización del Gobierno de México.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que el exfuncionario fue detenido por hechos relacionados con la seguridad nacional, luego de que las investigaciones detectaran presuntas irregularidades en la operación realizada en abril pasado en la comunidad de El Pinal, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino.
De acuerdo con la fiscal, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos participaron directamente en actividades de combate al crimen organizado que correspondían a las autoridades mexicanas, sin contar con los permisos necesarios para intervenir en territorio nacional.
Godoy explicó que las investigaciones también documentaron visitas de los funcionarios estadounidenses a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente de la Fiscalía de Chihuahua, sin que existiera una justificación oficial para su presencia.
Estas visitas, según la funcionaria federal, forman parte de los elementos que sustentan la acusación contra Jáuregui, debido a que evidenciarían una relación operativa entre los agentes extranjeros y las corporaciones estatales.
Otra de las irregularidades señaladas por la FGR consiste en que la Fiscalía de Chihuahua habría organizado y ejecutado el operativo contra el laboratorio clandestino sin abrir previamente una carpeta de investigación, pese a que se trataba de actividades relacionadas con delitos de competencia federal.
La fiscal recordó que el propio Jáuregui había declarado públicamente que la intervención fue resultado de varios meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, ambas bajo su responsabilidad.
La autoridad federal también acusa al exfiscal de haber ocultado información sobre las actividades que se desarrollaban en la sierra chihuahuense, al no comunicar oportunamente a las instituciones federales la preparación y ejecución del operativo.
Según Godoy, la Fiscalía estatal tenía la obligación de informar a las autoridades mexicanas competentes sobre las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. Sin embargo, sostuvo que se compartió información con personal extranjero y que las fuerzas federales fueron notificadas hasta después de concluida la intervención.
El caso salió a la luz tras un accidente carretero ocurrido en abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua que regresaban de la operación efectuada en El Pinal.
Inicialmente, las autoridades estatales señalaron que los estadounidenses eran trabajadores de la Embajada de Estados Unidos que realizaban actividades de capacitación. Posteriormente, difundieron otra versión según la cual los extranjeros no habían participado directamente en el operativo y únicamente se habían encontrado con los agentes estatales durante el regreso.
Las contradicciones en las explicaciones oficiales provocaron cuestionamientos sobre la presencia de los integrantes de la CIA en Chihuahua, particularmente después de conocerse que habían ingresado al país utilizando documentación diplomática y de turista.
La FGR sostiene que los hechos investigados comprometen disposiciones relacionadas con la soberanía y la seguridad nacional, al involucrar la participación de agentes extranjeros en actividades reservadas a las instituciones mexicanas.
Godoy también informó que la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión distinta contra Jáuregui, correspondiente a delitos del ámbito estatal, aunque no precisó cuáles eran las conductas investigadas en ese procedimiento.
Dos órdenes de aprehensión: estatal y federal
La detención del exfiscal abre así dos frentes judiciales relacionados con su actuación al frente de la institución, uno de carácter federal por la presunta intervención irregular de agentes estadounidenses y otro correspondiente a las investigaciones de las autoridades de Chihuahua.
Las presuntas irregularidades en la cadena de mando y el incumplimiento de protocolos durante un operativo antidrogas forman parte de la investigación que derivó en la detención del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, confirmó que agentes estatales ejecutaron una primera orden de aprehensión contra el exfuncionario, relacionada con posibles actuaciones indebidas dentro de la institución que anteriormente encabezaba.
La captura ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana de este sábado, cuando elementos de la Fiscalía interceptaron a Jáuregui Moreno en el cruce de las avenidas La Cantera y Washington, en la ciudad de Chihuahua.
La orden judicial fue emitida el viernes 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026, que contempla los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
El procedimiento también incluye una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñó como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas durante la administración de Jáuregui.
Además de los delitos señalados en la misma causa penal, a Zuany Portillo se le atribuye presunta falsedad ante las autoridades con penalidad agravada, de acuerdo con la resolución judicial.
Las acusaciones deberán ser examinadas por los tribunales competentes, donde el Ministerio Público tendrá que presentar los elementos que sustenten los delitos atribuidos al exfuncionario. Jáuregui conserva su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
¿Qué dice la defensa legal del exfiscal?
a nueva orden de aprehensión contra César Jáuregui Moreno, ahora por el presunto delito de traición a la patria, provocó cuestionamientos de su defensa, que considera injustificado el cambio de situación jurídica del exfiscal de Chihuahua y advierte posibles motivaciones políticas detrás del procedimiento federal.
El abogado Héctor Villasana señaló que Jáuregui había comparecido voluntariamente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez en calidad de testigo, por lo que exigió conocer qué elementos surgieron posteriormente para convertirlo en imputado y solicitar su captura. Explicó que hasta el momento únicamente han recibido los resolutivos de la orden judicial, sin acceso al contenido completo de la investigación.
Villasana también rechazó que el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino y murieron dos agentes de la CIA, constituya por sí mismo un acto de traición a la patria. Cuestionó cuáles fueron las acciones concretas que, según las autoridades federales, comprometieron la soberanía o la gobernabilidad de México.
El litigante sostuvo que la acusación podría tener como propósito obstaculizar la participación política de Jáuregui y consideró que no existen razones para mantenerlo privado de su libertad durante el proceso. Afirmó que el delito federal señalado no contempla prisión preventiva oficiosa y adelantó que buscarán acceder a la carpeta de investigación para preparar su defensa y solicitar que enfrente el procedimiento en libertad.
