La propuesta de prohibir los teléfonos celulares durante la jornada escolar en México abre un debate que va mucho más allá de retirarles una pantalla a los estudiantes. La medida podría ayudar a recuperar la concentración, mejorar la convivencia y reducir las distracciones, aunque también plantea interrogantes sobre la educación digital, la comunicación familiar y la capacidad de las escuelas para aplicar restricciones sin generar nuevos problemas.
El dictamen aprobado por unanimidad en comisiones del Senado reúne 13 iniciativas de distintos partidos y propone modificar la Ley General de Educación. En preescolar, primaria y secundaria, los dispositivos móviles quedarían reservados para actividades educativas previamente programadas y situaciones de emergencia. En bachillerato y educación superior se contemplan medidas más flexibles, acordadas con las comunidades escolares. La reforma todavía requiere la aprobación del pleno del Senado y continuar su trámite legislativo.
El argumento central tiene sustento en una preocupación cotidiana de los maestros. Competir por la atención de un adolescente que tiene acceso permanente a videos, mensajes, videojuegos y redes sociales representa una dificultad creciente. Según los datos expuestos durante la discusión legislativa, ocho de cada diez participantes en una consulta educativa identificaron problemas de atención entre los alumnos, mientras que el 81 por ciento respaldó medidas nacionales.
Retirar los celulares podría favorecer las explicaciones del profesor, la lectura sostenida, la resolución de problemas y las conversaciones entre compañeros. También ayudaría a reducir interrupciones, grabaciones sin consentimiento y algunas formas de acoso digital durante las clases.
Sin embargo, la prohibición por sí sola no garantiza mejores resultados académicos. El aprendizaje depende también de la preparación docente, los materiales disponibles, el ambiente familiar y las condiciones de cada plantel. Una escuela con grupos saturados, problemas de infraestructura y carencias pedagógicas seguirá enfrentando esas dificultades aunque desaparezcan todos los teléfonos.
Lo que han hecho otros países
La discusión mexicana forma parte de una tendencia internacional. De acuerdo con la UNESCO, al finalizar 2024 había 79 sistemas educativos, equivalentes al 40 por ciento de los examinados, con restricciones al uso de teléfonos inteligentes en las escuelas.
En Francia, donde las restricciones comenzaron en 2018, se avanzó hacia un programa denominado Portable en pause, que contempla guardar los dispositivos durante la jornada escolar. Las autoridades francesas han reportado mejoras en el ambiente escolar durante sus experiencias piloto.
Inglaterra también reforzó sus disposiciones. Desde septiembre de 2026, sus escuelas deben seguir orientaciones oficiales para impedir el uso de celulares durante las clases, los recreos y los periodos entre lecciones, con excepciones justificadas.
Sin embargo, los resultados científicos aconsejan prudencia. Una investigación de la Universidad de Birmingham, publicada en 2025 y realizada con 1,227 estudiantes de 30 escuelas inglesas, encontró que las restricciones reducían el tiempo de uso durante la jornada, pero no se asociaban con mejoras significativas en salud mental, sueño o rendimiento académico. Un estudio posterior, de marzo de 2026, identificó mayor convivencia presencial en escuelas restrictivas, junto con algunos efectos no deseados, como estudiantes que compensaban el tiempo perdido utilizando sus teléfonos durante la noche.
Los riesgos de una prohibición generalizada
Entre las principales desventajas está la posibilidad de limitar herramientas que pueden ser útiles para investigar, consultar materiales, traducir textos o desarrollar competencias digitales. También existen estudiantes que necesitan dispositivos por razones de accesibilidad, salud o comunicación familiar.
Otro asunto es la aplicación cotidiana. ¿Quién recogerá los teléfonos? ¿Dónde se guardarán? ¿Qué ocurrirá si desaparece alguno? ¿Cómo podrán comunicarse los padres durante una emergencia?, son algunas de las preguntas prácticas que deben resolverse antes de convertir la restricción en una obligación nacional.
La vigilancia también puede consumir recursos. Un estudio británico publicado en febrero de 2026 estimó que una escuela secundaria de tamaño promedio podía dedicar más de cien horas semanales de trabajo de su personal a administrar las políticas sobre celulares.
¿Qué conviene hacer en México?
La propuesta tiene elementos razonables, especialmente porque permite excepciones educativas y de emergencia. Sin embargo, necesita reglas claras y adaptadas a las edades. En primaria, una restricción amplia puede resultar apropiada; en secundaria, debería acompañarse de educación digital, prevención del ciberacoso y formación sobre el uso responsable de redes sociales e inteligencia artificial.
También será necesario evaluar sus resultados mediante indicadores concretos de atención, aprendizaje, convivencia y bienestar, en lugar de dar por hecho que cualquier mejoría proviene de retirar los teléfonos.
El desafío es considerable porque los celulares forman parte de la vida cotidiana de millones de estudiantes. Las familias también tienen responsabilidades sobre los horarios de uso, el descanso y los contenidos que consumen sus hijos.
La medida puede ser positiva si recupera espacios de concentración y convivencia, mientras las escuelas enseñan a utilizar la tecnología con criterio. La educación mexicana necesita formar estudiantes capaces de pensar, investigar y desenvolverse en un mundo digital. La prohibición puede contribuir a ese objetivo, siempre que forme parte de una política educativa más amplia.
