Medir la pobreza únicamente por el dinero disponible en los hogares deja fuera condiciones que determinan la calidad de vida de millones de personas. Educación, alimentación, vivienda, servicios, salud y seguridad social forman parte de una realidad que requiere indicadores cada vez más amplios, planteó el economista Enrique Minor Campa durante una conferencia en la UACJ.
El investigador impartió la conferencia magistral inaugural “La medición de pobreza en México, nuevas perspectivas metodológicas”, dentro del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2026.
Minor Campa inició mostrando fotografías de dos viviendas con condiciones distintas. A partir de esa comparación explicó cómo las diferencias económicas y sociales permiten aproximarse a un fenómeno que no puede entenderse solamente a partir de los ingresos.
Señaló que en los últimos años aumentaron los ingresos laborales de los hogares mexicanos, con el salario mínimo entre los factores relevantes. Sin embargo, explicó que la pobreza también involucra la capacidad de acceder a derechos y determinados estándares de vida.
“Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de los derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes”, explicó.
El especialista recordó que las primeras mediciones de ingresos se realizaron en México en 2002 y que para 2004 el estudio de la pobreza tomó un rumbo oficial y formal.
En el caso de Chihuahua, destacó que entre 2008 y 2010 la pobreza laboral resultó afectada por fenómenos económicos relacionados con Estados Unidos, aunque posteriormente registró una recuperación cercana a 2020.
Minor Campa también llamó la atención sobre las condiciones laborales del país. “No tenemos un sistema de protección cuando una persona se queda sin empleo”, señaló, además de advertir sobre el número de trabajadores con jornadas superiores a 40 horas semanales.
Finalmente, propuso ampliar las mediciones hacia elementos que actualmente resultan fundamentales, como el acceso a internet y a las tecnologías de la información. El reto, sostuvo, consiste en profundizar los estudios con un enfoque de derechos y convertir las estadísticas en herramientas útiles para atender las condiciones sociales.
