La Torre Centinela abrió sus puertas y el momento elegido difícilmente puede analizarse separado del calendario político. El edificio, cuyo costo ronda los 4 mil 200 millones de pesos según las cifras oficiales, fue inaugurado cuando la sucesión por la gubernatura ya entró en plena efervescencia. Que algunos quieran verlo como una simple coincidencia forma parte también del discurso.
Para dimensionar el tamaño de la inversión basta llevar esos millones a las necesidades cotidianas de Juárez. Cruz Pérez Cuéllar hizo una comparación muy sencilla en enero pasado. El distribuidor vial Talamás Camandari costó alrededor de 380 millones de pesos. Con una cantidad semejante a la destinada a Centinela, sostuvo entonces, pudieron construirse aproximadamente 12 distribuidores de esas dimensiones.
Hay otra comparación igualmente cercana a las familias. Para este año, el Gobierno del Estado autorizó alrededor de 732 millones de pesos para ampliar y mejorar planteles educativos de distintos niveles en Juárez. La Torre Centinela representa casi 5.7 veces esa cantidad. Puesto en perspectiva, el edificio concentra recursos equivalentes a varios años de inversión educativa de ese tamaño en la frontera.
También está la obra pública, ya que las cifras oficiales mencionadas por funcionarios estatales indican más de mil 600 millones de pesos de inversión directa en obras para Juárez. Aun tomando esa cantidad completa, Centinela costó alrededor de dos veces y media más. De ahí que la discusión sobre el edificio continúe viva en una ciudad donde pavimentación, movilidad, escuelas y servicios siguen encabezando las demandas ciudadanas.
Desde luego que el debate adquiere otra dimensión por el momento escogido para inaugurarlo. Los tiempos políticos ya corren y octubre marcará formalmente una nueva etapa rumbo al proceso electoral. Guardar para estas semanas la apertura de la obra más vistosa y costosa del Gobierno estatal en Juárez tiene, obvio está, un evidente valor político. Una inauguración de estas dimensiones genera fotografías, discursos, recorridos, cobertura mediática y una oportunidad extraordinaria para presumir resultados.
Tampoco sería la primera ocasión en que una obra estatal aparece oportunamente cerca de las urnas. Durante las anteriores elecciones intermedias, los nuevos camiones del BRT-2 comenzaron a desfilar por la avenida Tecnológico acompañados por enormes anuncios blancos del Gobierno del Estado. Podrá discutirse si aquello respondió exclusivamente a los tiempos administrativos. Políticamente, el efecto era imposible de ignorar.
Por eso resulta difícil comprar la explicación de la casualidad. La Torre Centinela puede discutirse por su tecnología, su utilidad y sus resultados futuros en seguridad, pero su inauguración también debe leerse en clave electoral. Después de invertir más de 4 mil 200 millones de pesos en un edificio, el Gobierno estatal naturalmente quiere convertirlo en escaparate.
Fobaproa, 1.6 billones pagados solo en intereses
Y ya que andamos en la danza de los millones, hay cifras de terror, como lo que los mexicanos han pagado en puros intereses por el Fobaproa, rescate aprobado por el expresidente Ernesto Zedillo y avalado por los panistas, cuando todavía no oficializaban su romance, aunque ya se daban sus arrimones de vez en vez. Casi 1.6 billones de pesos se han ido solamente en intereses y del principal, según Hacienda, no se ha pagado un solo peso.
El dato ayuda a entender las dimensiones de aquella decisión tomada después de la crisis de 1995. El Estado convirtió los pasivos del rescate bancario en una carga pública que continúa atravesando generaciones. Los gobiernos cambiaron, Zedillo se fue hace más de un cuarto de siglo y muchos de quienes hoy pagan impuestos ni siquiera habían nacido cuando comenzó esta historia.
Lo triste es cuando aparecen esos números que se traducen en escuelas, hospitales, carreteras, vivienda, transporte público o programas sociales. Cada peso destinado durante décadas al servicio de aquella deuda dejó de estar disponible para otras necesidades públicas. Para 2027, Hacienda calcula alrededor de 48 mil millones de pesos del presupuesto relacionados con esta obligación. ¡Así nomás!
Hay otro detalle que vuelve más difícil de digerir la historia de este atraco. Las cuotas que los bancos entregan al IPAB fueron deducibles fiscalmente y, según anunció el Gobierno federal, dejarán de serlo a partir de 2027. Mientras tanto, el mecanismo ha permitido cubrir solamente una parte de los intereses y refinanciar el principal mediante nuevos bonos. Así se explica por qué la cuenta sigue sobre la mesa.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso otra cifra para dimensionar el problema. Cada dos años salen aproximadamente 50 mil millones de pesos del presupuesto público hacia el IPAB y esa cantidad cubre únicamente parte de los intereses. El capital permanece y otra porción de las obligaciones requiere nueva deuda. Es una maquinaria financiera que lleva tres décadas funcionando con recursos públicos.
El Fobaproa pertenece a los años de Zedillo, aunque su factura sigue llegando puntualmente al México de 2026. PRI y PAN podrán discutir ahora cuánto compartían políticamente en aquellos tiempos, pero ambos participaron en la decisión que convirtió el rescate en deuda pública. Tres décadas después, mientras cualquier gobierno busca millones para hospitales, escuelas, becas, carreteras y servicios, ahí sigue aquella cuenta recordándonos que algunas decisiones políticas pueden cobrarse durante generaciones.
