El caso del asesinato de Carlos Manzo ha entrado en una etapa particularmente delicada. La investigación ya no se limita a determinar quién disparó o quién habría proporcionado información al grupo criminal. Ahora la Fiscalía de Michoacán confirmó que profundizará en la posible relación entre Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio.
El nuevo elemento proviene de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo. Según su declaración, García Rivero habría llegado al Ayuntamiento recomendado por Quiroz. También aseguró que después del asesinato el exfuncionario tenía acceso frecuente al domicilio de la actual alcaldesa, le llevaba documentos y posteriormente habría recibido mejores condiciones salariales. La Fiscalía dijo que estos dichos todavía deben investigarse y corroborarse.
Aquí aparece una contradicción que merece esclarecerse. Quiroz había rechazado cualquier implicación y anteriormente se mostró dispuesta a que las autoridades revisaran incluso su teléfono. Ahora sostiene que colaborará nuevamente con la investigación y cuestiona por qué Méndez esperó nueve meses para aportar estas acusaciones, que considera parte de una “guerra sucia”. Esa respuesta también debe incorporarse al análisis: una acusación testimonial no equivale a una prueba de participación criminal.
Por eso resulta necesario investigar a Grecia Quiroz, pero investigar no significa declararla culpable. Hay preguntas legítimas: ¿quién recomendó realmente a Samuel García?, ¿qué relación mantenían?, ¿cómo conservó acceso a información privada de Manzo?, ¿quién conocía que disponía de esa agenda?, ¿por qué habría recuperado influencia después del asesinato? La Fiscalía confirmó que esta línea existía previamente, aunque adquirió mayor fuerza después de la ampliación de declaración de Méndez.
También existe un señalamiento político y familiar de considerable peso. Juan Manzo Rodríguez, hermano del alcalde asesinado, pidió que la FGR atraiga el expediente y que Grecia Quiroz sea incluida en las investigaciones. Eso tampoco demuestra responsabilidad penal, pero vuelve difícil sostener que cualquier cuestionamiento hacia la alcaldesa provenga únicamente de sus adversarios políticos.
El impacto sobre el Movimiento del Sombrero dependerá precisamente de lo que encuentre la Fiscalía. Si las investigaciones descartaran cualquier participación de Quiroz, utilizar las sospechas para desacreditar al movimiento sería injustificado. Pero si aparecieran pruebas de encubrimiento, colaboración o conocimiento previo, el golpe político sería enorme, porque obligaría a revisar el relato construido alrededor del asesinato de Manzo y la utilización posterior del crimen como bandera política.
El homicidio no debería servir para absolver anticipadamente a nadie ni para condenarlo desde los medios. El Movimiento del Sombrero puede cuestionar al Gobierno de México y éste debe responder políticamente; otra cosa es la investigación criminal.
Precisamente por la dimensión que alcanzó el caso, la exigencia razonable es investigar a todos los integrantes del círculo que tuvieron acceso a Manzo y a su agenda, incluida Grecia Quiroz, respetando la presunción de inocencia. Solo una investigación exhaustiva permitirá saber si estamos frente a coincidencias, omisiones internas o una trama mucho más cercana al alcalde de lo que inicialmente se conocía.
