La derecha mexicana ha recurrido históricamente a campañas de miedo, acusaciones y mensajes difíciles de sostener cuando llega la hora de presentar pruebas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador compitió por primera vez por la Presidencia y apareció aquella campaña que lo presentaba como “un peligro para México”. La estrategia buscaba convertir el temor en argumento electoral.
Mientras se construía aquella narrativa, personajes del poder económico crecían bajo un sistema que durante años permitió privilegios fiscales. Ricardo Salinas Pliego representa hoy una de las mayores disputas tributarias del país. La paradoja merece recordarse porque quienes advertían del supuesto peligro de la izquierda pocas veces colocaban bajo la misma lupa a los grandes beneficiarios del modelo económico.
Dos décadas después, el mecanismo conserva semejanzas. PAN y PRI han encontrado en la asociación entre Morena y el narcotráfico una de sus principales líneas de ataque. Señalar posibles actos de corrupción o vínculos criminales es absolutamente legítimo. Lo que no debería normalizarse es convertir una sospecha en sentencia antes de que existan pruebas.
El episodio más reciente ocurrió después de que Estados Unidos retirara la visa a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy e hijo del expresidente López Obrador. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aprovechó la decisión estadounidense para exigir investigaciones y sostuvo que López Beltrán aparecía en una carpeta relacionada con huachicol fiscal.
La Fiscalía General de la República tuvo que intervenir. La FGR calificó como falsa la información según la cual existen testigos protegidos que hayan señalado a Andrés Manuel López Beltrán y aseguró que no cuenta con datos de prueba con fuerza legal suficiente para iniciar una investigación en su contra por esos hechos.
Esto no significa otorgar inmunidad política a Andy López Beltrán. Si mañana aparecen pruebas, deberán investigarse con el mismo rigor aplicado a cualquier ciudadano. Significa algo mucho más elemental. Una visa cancelada por Estados Unidos no constituye por sí misma una sentencia penal mexicana, y una oposición responsable debería distinguir entre exigir explicaciones y presentar como comprobado aquello que todavía no lo está.
Y aquí, entonces, aparece un nombre particularmente penoso para Acción Nacional. Ernesto Ruffo Appel no es cualquier panista. Fue el primer gobernador del PAN en Baja California y su triunfo de 1989 quedó convertido en símbolo de la alternancia política mexicana. Hoy su situación judicial contrasta fuertemente con las acusaciones lanzadas contra personajes de Morena.
Ruffo fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. La FGR sostiene que la investigación está relacionada con una organización dedicada al llamado huachicol ferroviario. Son acusaciones sujetas al proceso judicial correspondiente y, por supuesto, Ruffo conserva la presunción de inocencia.
Ahí está la contradicción que debería preocupar al PAN. Si quiere combatir seriamente el huachicol fiscal, tiene todo el derecho de exigir investigaciones sobre Morena, sus dirigentes y cualquier funcionario sospechoso. Pero tendrá mayor autoridad política si aplica exactamente la misma vara cuando el expediente alcanza a uno de los personajes históricos de su propio partido. La democracia necesita oposición, investigación y denuncia. Lo que no necesita es una oposición decadente y sin fuerza, y que la propaganda llegue primero y las pruebas, quizá, nunca.
Marina del Pilar y los audios que exigen respuestas
Para no confundir el hierro con la magnesia, hay situaciones que tienen más peso que otras, y el Gobierno federal debería investigar a fondo si los audios filtrados en los que presuntamente habla la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, son auténticos. Porque, de serlo, ya no estaríamos únicamente frente a rumores sobre el retiro de una visa, sino ante conversaciones que apuntarían a contactos con agencias estadounidenses y a una disposición de la mandataria para “hablar” y cooperar, como ha publicado el Semanario ZETA.
Son cuatro grabaciones difundidas hasta ahora. Tres fueron dadas a conocer por el periodista Héctor de Mauleón y otra por Gildo Garza. En ellas, la voz atribuida a Marina del Pilar habla de reuniones con agentes estadounidenses, menciona al FBI y al Departamento de Justicia, expresa preocupación por posibles cargos o una extradición y pregunta qué información necesitan de ella. La gobernadora sostiene que los audios fueron sacados de contexto y asegura haber sido víctima de una “emboscada psicológica”.
Lo delicado aparece en la última conversación divulgada. Ahí se habla de preparar una proffer letter, mecanismo utilizado en Estados Unidos para que una persona investigada comunique, mediante sus abogados, la información que estaría dispuesta a proporcionar a los fiscales. ZETA asegura además que una fuente estadounidense le confirmó investigaciones relacionadas con la gobernadora, su exesposo Carlos Torres Torres y otras personas. Hasta ahora, sin embargo, no se conocen públicamente cargos presentados contra Ávila Olmeda.
Por eso la FGR tendría que averiguar qué hay detrás, incluso con la discreción que una investigación de esta naturaleza exige. ¿Son auténticas las grabaciones completas? ¿Con quién habló realmente la gobernadora? ¿Existieron las reuniones que menciona? ¿Qué buscaban las agencias estadounidenses? ¿Por qué aparece la posibilidad de una proffer letter? Investigar no significa condenar. Precisamente sirve para separar los hechos de una operación política, un montaje o una conducta eventualmente ilícita.
Pareciera existir el temor de que profundizar pueda perjudicar electoralmente a Morena. Sería un cálculo equivocado. Mucho más dañino sería que mañana aparecieran documentos, videos o nuevas grabaciones comprometedoras y entonces se descubriera que las autoridades mexicanas tuvieron señales suficientes para investigar y prefirieron mirar hacia otro lado. Si Morena ha construido buena parte de su legitimidad alrededor del combate a la corrupción, tendría que ser el primer interesado en esclarecer el asunto.
Todo esto ocurre además cuando Washington utiliza cada vez con mayor frecuencia las visas, sanciones y señalamientos públicos como instrumentos de presión diplomática. Puede discutirse si sectores del gobierno estadounidense prefieren interlocutores mexicanos más dóciles o gobiernos ideológicamente cercanos, pero eso tampoco convierte automáticamente cada investigación estadounidense en una conspiración contra la izquierda. México necesita defender su soberanía precisamente con información propia, investigaciones propias y pruebas propias.
La mejor respuesta, ante cualquier intento externo de golpear políticamente al Gobierno mexicano, dicen los que dicen saber, no es proteger a nadie por su militancia, sino llegar hasta el fondo. Si Marina del Pilar no cometió delito alguno, una investigación seria puede ayudar a despejar sospechas. Si existen irregularidades, Morena tendría que conocerlas antes que sus adversarios, porque defender un proyecto político ocultando problemas termina debilitándolo; defenderlo investigando incluso a los propios demuestra que ninguna camiseta partidista está por encima de la ley.
