La autonomía de la Fiscalía General del Estado no debería estar a discusión. Una institución encargada de investigar delitos necesita independencia frente al poder político. Lo que sí merece una discusión seria es cómo pretende construirse esa autonomía en Chihuahua y, especialmente, por qué PAN y Movimiento Ciudadano la impulsan cuando al gobierno de María Eugenia Campos le quedan ya unos meses.
El tema cobra mayor relevancia porque Morena ya había presentado una propuesta similar hace cuatro años en el Congreso del Estado. Los legisladores proponían una convocatoria pública y concurso de oposición para elegir al fiscal. La mayoría encabezada por PAN y PRI la bateó. Esto desde luego, genera dudas entre a ciudadanía.
Por eso resulta interesante la propuesta de Cruz Pérez Cuéllar de llevar la reforma a Parlamento Abierto. Sus representantes, Joel Sepúlveda Ramírez y Ángel Zubia García, acudieron ayer al Congreso para pedir que ciudadanos, abogados, académicos, organizaciones civiles y especialistas puedan discutir una modificación que tendrá consecuencias durante varios años.
Y tienen razón en un punto central. Sería un error aprobar una transformación de semejante tamaño mediante fast track, como ha ocurrido con otras iniciativas. Si la autonomía es genuina, debería resistir preguntas incómodas, opiniones contrarias y una discusión pública amplia. Una Fiscalía independiente no puede nacer de un procedimiento apresurado.
Hay otro asunto que merece ponerle lupa, porque la propuesta contempla que la gobernadora presente la terna y que el Congreso elija al titular. Entonces aparece otra pregunta: ¿Hasta dónde puede hablarse de independencia real cuando el Ejecutivo conserva una participación decisiva en el origen del nombramiento?
También está el periodo de ocho años. Un fiscal designado bajo esas condiciones permanecería después de que termine la administración de Campos y atravesaría buena parte de los gobiernos siguientes. La autonomía puede proteger investigaciones frente a cambios políticos, pero un periodo largo también puede convertirse en problema cuando quien ocupa el cargo pierde legitimidad o acumula malos resultados.
Jalisco permite entender el dilema, ya que ahí el fiscal tiene constitucionalmente un periodo de siete años y su nombramiento también involucra al Ejecutivo y al Congreso. Los cargos transexenales buscan estabilidad institucional, aunque aparece una dificultad evidente cuando un fiscal cuestionado permanece protegido por un mandato prolongado. La permanencia por sí misma jamás garantiza independencia ni eficacia.
El debate tampoco es nuevo, recordemos que en octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente los periodos excesivamente largos de fiscales estatales. Su argumento era sencillo. Si después de seis años no existen resultados, convertir el nombramiento en una especie de propiedad temporal del funcionario termina siendo absurdo. Incluso planteó que quienes fracasan deberían tener la dignidad de renunciar.
Y ahí está precisamente el riesgo de diseñar una autonomía sin suficientes contrapesos y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sucede cuando un fiscal permanece siete u ocho años y la sociedad considera evidente que no funciona? ¿Quién evalúa sus resultados? ¿Qué mecanismos permiten removerlo? ¿Cómo impedir que independencia termine significando inmunidad administrativa? Esas preguntas deberían contestarse antes de aprobar los cambios legales.
El Congreso tiene entonces una oportunidad poco frecuente, porque puede sacar adelante una reforma construida entre especialistas, ciudadanos y fuerzas políticas o resolverla mediante acuerdos parlamentarios antes de que termine el sexenio. Abrir el Parlamento, como propone Pérez Cuéllar, parece el camino más democrático. Si la Fiscalía será autónoma durante ocho años, dedicarle algunos meses a discutir cómo lograrlo tampoco parece demasiado pedir.
