El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y huachicol ferroviario, luego de que una jueza federal considerara que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra. La resolución también alcanzó a otros siete presuntos integrantes de la red investigada por el contrabando ilegal de combustibles.
La decisión fue tomada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, al concluir una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación ubicadas junto al penal federal del Altiplano.
Como parte de la resolución, Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1. En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará recluida en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los imputados habrían diseñado un esquema de simulación empresarial mediante 11 compañías para introducir de manera ilegal al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.
La investigación señala que la empresa Ingemar, vinculada a Ernesto Ruffo, fungía como consignataria de cargamentos enviados desde la refinería Deer Park, en Texas, propiedad de Pemex, mientras que la empresa Internacional de Fundentes aparecía como destinataria final en territorio mexicano.
Según la indagatoria, esta última también es investigada por presuntamente utilizar documentación falsa para importar volúmenes de hidrocarburos superiores a los autorizados mediante permisos federales.
