Cuando un partido comienza a promover reformas para modificar las reglas de una contienda que todavía no inicia, surgen varias preguntas, una de ellas es ¿está pensando en fortalecer la democracia o en frenar a un adversario? La iniciativa impulsada por diputados del PAN para obligar a postular una mujer a la gubernatura de Chihuahua parece responder más a la segunda opción.
La razón es sencilla. Hoy por hoy, Cruz Pérez Cuéllar aparece como el aspirante más competitivo de Morena rumbo a 2027. No porque lo digan sus simpatizantes, sino porque distintas encuestas lo colocan como el perfil mejor posicionado para disputar la gubernatura y como uno de los pocos capaces de derrotar al proyecto panista en el estado.
Según el PAN, la iniciativa no está dirigida contra nadie. Es una casualidad, dicen. Tan casual como sacar el paraguas cinco minutos antes de que empiece a llover. Lo cierto es que la propuesta apareció justo cuando las mediciones comenzaron a colocar a Pérez Cuéllar en una posición que ya no parece tan cómoda para quienes daban por resuelta la sucesión estatal.
Lo que preocupa a los panistas no es un nombre. Es la estructura. Durante años, Cruz ha construido una red territorial que hoy se extiende mucho más allá de Ciudad Juárez. Mientras otros políticos aparecen únicamente en temporada electoral, él ha tejido relaciones, liderazgos y presencia permanente en distintas regiones del estado.
La política sigue siendo, pese a las redes sociales y las campañas digitales, un asunto de territorio. De tocar puertas. De movilizar simpatizantes. De generar cercanía. Y en ese terreno, guste o no, Pérez Cuéllar parece llevar ventaja sobre cualquier otro aspirante que hoy se mencione para la contienda de 2027.
En lugar de concentrarse en construir una candidatura más competitiva o en ofrecer mejores resultados de gobierno, algunos sectores del PAN parecen más interesados en rediseñar el tablero. Cuando las reglas empiezan a volverse más importantes que los votos, suele ser porque los votos ya no están garantizados.
Nadie discute la importancia de la participación política de las mujeres ni la necesidad de avanzar en la paridad. Lo cuestionable es utilizar una bandera legítima para resolver una disputa electoral anticipada. La igualdad no debería convertirse en instrumento de cálculo político ni en mecanismo para excluir adversarios específicos.
El PAN y su eterno “no” a Juárez
El PAN volvió a hacer lo que mejor sabe hacer cuando Juárez pide más voz: encontrar una razón para decir que no. Esta vez le tocó a la elección directa de regidores, una idea que parece provocar más alergias en algunos diputados que la temporada de polen.
Lo que pudo acercar el gobierno a los ciudadanos terminó convertido en otro ejercicio de protección de la vieja política, esa que confía más en los acuerdos de café, los amarres de partido y las decisiones de escritorio que en el incómodo hábito de preguntarle a la gente qué quiere.
Las declaraciones de los diputados panistas confirman algo que en Juárez se ha sentido durante décadas. Cada vez que la frontera plantea una demanda legítima para fortalecer su representación política, desde la capital surge una explicación para rechazarla. Cambian los argumentos, cambian los actores, pero el resultado siempre es el mismo: Juárez debe esperar.
La justificación de que las leyes deben hacerse para los 67 municipios parece razonable hasta que se observa con detenimiento. Chihuahua es un estado profundamente desigual en población, economía y dinámica social. Pretender que una ciudad como Juárez tenga exactamente las mismas necesidades políticas que otros municipios más pequeños es ignorar deliberadamente la realidad y esconder el problema detrás de una falsa idea de igualdad.
Lo que realmente está en juego no son las regidurías. Lo que se discute es quién controla el acceso a los espacios de representación. La elección directa permitiría que los ciudadanos identificaran con claridad a sus representantes, los premiaran o castigaran en las urnas y les exigieran resultados. Eso fortalecería a la ciudadanía, pero reduciría el control de las dirigencias partidistas sobre las candidaturas.
Resulta paradójico que quienes suelen presentarse como defensores de la participación ciudadana rechacen una medida que precisamente ampliaría la participación. Hablan de cercanía con la gente, pero desconfían de la capacidad de la gente para decidir. Hablan de fortalecer instituciones, pero se resisten a fortalecer el vínculo entre representantes y representados.
La historia política de Juárez está llena de episodios similares. La ciudad aporta buena parte de la riqueza del estado, concentra una enorme población y enfrenta desafíos únicos derivados de su condición fronteriza. Sin embargo, cuando exige una representación acorde con su importancia, suele encontrarse con una clase política más preocupada por preservar equilibrios internos que por atender las demandas ciudadanas.
Desde el principio, la reforma fue tratada como algo que debía frenarse. La conclusión estaba decidida antes del debate. Y cuando las decisiones se toman antes de escuchar a la ciudadanía, la democracia pierde una parte esencial de su sentido.
Detrás de esta postura hay una visión política retrógrada que sigue viendo a los ciudadanos como espectadores y no como protagonistas. Una visión en la que los partidos continúan siendo los grandes administradores de la representación pública y donde cualquier mecanismo que reduzca su influencia genera resistencia inmediata.
