Mal se ha visto el senador Javier Corral en su confrontación con la gobernadora María Eugenia Campos. Más que transmitir certeza jurídica o confianza en sus argumentos, ha terminado proyectando la imagen de un político que avanza y retrocede al ritmo de una disputa personal. En un escenario donde la sobriedad suele escasear, el legislador ha optado por los bandazos y las reacciones viscerales.
El propio Corral anunció, a través de sus abogados, el desistimiento de la impugnación que había presentado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal relacionada con el intento de su detención ocurrido en agosto de 2024. La explicación ofrecida fue la supuesta distorsión informativa y el uso mediático y político del caso.
Cuesta entender por qué ahora se abandona el procedimiento. Y si el verdadero problema era la narrativa pública, entonces da la impresión de que el debate político terminó ganándole al expediente, una situación que en la política mexicana ocurre con más frecuencia de la que los abogados suelen recomendar.
Lo más llamativo es que el comunicado difundido ayer en sus redes sociales, dedica buena parte de su contenido a cargar nuevamente contra la gobernadora. La acusa de victimización mediática, de manipulación política y de actuar con un doble rasero. Es decir, mientras se anuncia el abandono de una vía legal, se mantiene intacta la confrontación política.
Ya todos conocen el estilo de la gobernadora, que ha convertido la narrativa política en una gira permanente de agravios y versiones convenientes. Pero en el caso de Corral, la contradicción tampoco pasa desapercibida, porque asegura que no quiere alimentar la polémica y, acto seguido, le echa más leña al fuego. Una forma peculiar de retirarse de la discusión, algo así como abandonar el escenario después de pedir una última ronda de aplausos.
El propio comunicado reconoce que la determinación quedará firme respecto de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024. Aun así, insiste en recordar que existen otras investigaciones en curso ante la Fiscalía General de la República. El mensaje termina oscilando entre dar por concluido un capítulo y mantener viva la disputa.
Corral tiene todo el derecho de defenderse y de expresar sus diferencias con la actual administración estatal. Lo que no ayuda a su causa es la impresión de actuar más desde el enojo político que desde una estrategia consistente.
Montiel sobre los traidores a la patria
Ariadna Montiel no dejó ayer espacio para interpretaciones. La presidenta nacional de Morena volvió a acusar a la gobernadora María Eugenia Campos de haber traicionado a la nación al permitir la operación de agentes extranjeros en Chihuahua, un señalamiento que ha tocado fuerte uno de los temas más sensibles para cualquier país: la defensa de su soberanía.
Montiel también exhibió una contradicción evidente. Mientras el PAN intenta presentar el caso como una persecución política contra la gobernadora, sigue sin responder de manera contundente a las preocupaciones que surgieron tras el reconocimiento público de la presencia de agentes extranjeros en territorio chihuahuense. El problema no desaparece simplemente porque se le cambie de nombre.
La jefa nacional del partido guinda, también habló en su conferencia del evento del panismo en la capital del estado:
“Esto es muy importante recordarlo, porque quién estuvo ahí; pues el jefe del cártel inmobiliario, Jorge Romero; Vicente Fox, que es el grandísimo traidor a la patria y traidor a la democracia; María Eugenia Campos, traidora de la patria y Felipe Calderón que es el jefe de García Luna, hoy detenido y preso en Estados Unidos”.
La oposición y el milagro de las pruebas ausentes
En el PRIAN han decidido apostar por la ley de la repetición. Si las pruebas no aparecen, siempre queda la esperanza de que una acusación dicha cien veces termine pareciendo una evidencia. Así han construido su narrativa contra Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.
La apuesta parece sencilla y bastante conocida en la política mexicana. Lo vimos durante un largo tiempo en las campañas negras contra Andrés Manuel López Obrador. Si una versión se repite suficientes veces, terminará encontrando creyentes. No se trata de presentar pruebas ni de sostener investigaciones serias, sino de mantener viva una sospecha que desgaste al gobierno. Al final, el rumor comienza a circular con tanta naturalidad que algunos terminan confundiéndolo con evidencia.
Cada vez que la derecha repite que México está controlado por el crimen organizado sin presentar pruebas, no sólo intenta golpear al gobierno; también le regala argumentos a quienes, desde Estados Unidos, sueñan con intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a los mexicanos. Hay patriotas, que no se nos olvide, tan entusiastas que terminan haciendo campaña para intereses ajenos.
La crítica al poder siempre será necesaria. Cuestionar decisiones de gobierno forma parte de cualquier democracia saludable. Sin embargo, convertir las acusaciones sin sustento en herramienta política termina dañando la calidad del debate público y erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.
México necesita una oposición fuerte, informada y capaz de señalar errores reales. Lo que no necesita es una política basada en rumores elevados a categoría de verdad. Cuando la especulación ocupa el lugar de los hechos, la discusión democrática se empobrece y el país entero paga el costo.
