La gobernadora María Eugenia Campos volvió a instalarse cómodamente en el papel que más le gusta en este momento político: el de víctima perseguida por el poder federal. Lo hizo desde la Ciudad de México, rodeada por dirigentes del PAN, abogados, discursos dramáticos y advertencias de “resistencia civil”, como si estuvieran anunciando una secuela de La Rosa de Guadalupe versión constitucional. Parecía más el arranque de una campaña electoral, o un casting para mártir de oposición, que una respuesta jurídica seria.
El discurso comienza a desmoronarse por su propio exceso. Campos insiste en repetir que quieren “fabricarle un caso”, aunque hasta este momento ni siquiera existe una acusación formal en su contra. Fue citada en calidad de testigo y decidió convertir la diligencia en un espectáculo político donde el panismo apareció indignado porque una autoridad federal se atrevió siquiera a tocar la puerta del despacho estatal. La escena rozó lo absurdo: acudió a la FGR para decir que no iba a comparecer.
La gobernadora intenta reducir todo a una supuesta persecución por combatir al narcotráfico. Esa narrativa puede servir en conferencia de prensa, pero difícilmente resiste el análisis público. El verdadero problema, lo sabe bien, no gira alrededor de un “narcolaboratorio”. El asunto delicado es otro y el PAN lleva semanas intentando esquivarlo; la presunta participación de agencias estadounidenses en operativos realizados dentro de territorio mexicano y el nivel de colaboración que existió con el Gobierno estatal.
Por eso el discurso victimista comienza a hacer agua. Porque si todo fue legal, transparente y apegado a derecho, no tendría sentido reaccionar como si la República estuviera cayendo sobre Chihuahua. Nadie persigue a la gobernadora por ser opositora. Lo que existe es una investigación sobre hechos específicos y decisiones de gobierno concretas. Pero en el panismo chihuahuense y nacional parece que cualquier intento de revisión institucional automáticamente se convierte en “dictadura”.
La escena resultó todavía más peculiar cuando Jorge Romero aseguró que a una gobernadora “ni la pueden molestar”. Una frase peligrosa en un país que durante décadas padeció precisamente el abuso del poder político intocable. La Constitución no convirtió a los gobernadores en figuras sagradas. Mucho menos en personas inmunes al escrutinio público o ministerial. Pero el PAN reaccionó como si citar a una funcionaria fuera equivalente a un golpe de Estado.
La mandataria de Chihuahua también volvió a recurrir al recurso favorito del conservadurismo contemporáneo: acusar que Morena “abraza delincuentes” mientras ella representa la legalidad. Esa superioridad moral se viene abajo justo en medio del escándalo de agencias extranjeras, tensiones diplomáticas y presuntas irregularidades que el propio gobierno estatal no ha logrado explicar con claridad. Por eso la estrategia ha sido cambiar la conversación y convertir todo en un melodrama político.
La mandataria estatal desaprovechó la oportunidad más importante para aclarar públicamente qué ocurrió con la presencia de agentes estadounidenses realizando labores de inteligencia en Chihuahua. Si tanto insiste en que no tiene nada que ocultar, resultaba lógico esperar disposición para responder preguntas y transparentar hechos. Pero ocurrió exactamente lo contrario.
En realidad, lo que se vio ayer fue que vimos a una gobernadora intentando adelantarse al desgaste. Por otra parte, mal se vio el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, al asegurar en el discurso que ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la intervención de agentes estadounidenses en territorio estatal.
La CIA sí estuvo en Chihuahua
¿Qué más pruebas quieren los panistas? La propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir la salida de dos agentes de la CIA que realizaban labores de inteligencia en territorio nacional sin autorización mexicana. No fue rumor, no fue teoría conspirativa, no fue “grilla” de Morena. Hubo una protesta diplomática formal y los agentes terminaron abandonando el país. Más claro, ni el agua de horchata en campaña electoral.
Durante semanas, el panismo chihuahuense intentó vender la idea de que todo era una invención política para golpear a la gobernadora María Eugenia Campos. Que no existían pruebas, que nadie había confirmado nada y que todo formaba parte de una persecución federal. Y la explicación de Sheinbaum fue todavía más contundente. Dijo que los agentes estadounidenses ingresaron legalmente al país, algunos con pasaporte diplomático y otros como turistas, pero jamás notificaron formalmente que realizarían labores de inteligencia.
El Gobierno de estatal pasó por el arco del triunfo que existe un procedimiento específico para autorizar ese tipo de operaciones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad. Nada de eso ocurrió. El gobierno mexicano les pidió regularizar su presencia o abandonar el territorio nacional. Y la decisión final fue que se fueran.
Y mientras eso ocurre, la gobernadora insiste en presentarse como víctima. Dice que quieren fabricarle un caso, aunque nadie la ha imputado formalmente de delito alguno. Lo que existe, se ha repetido muchas veces, es una investigación sobre hechos concretos que el propio gobierno federal ya reconoció públicamente. Pero en lugar de explicar por qué existía colaboración con agentes extranjeros no acreditados, el PAN prefirió activar el manual clásico del victimismo político y anunciar hasta una “resistencia civil”.
