Durante décadas, la derecha mexicana utilizó la palabra “soberanía” como quien saca la bandera eDurante décadas, la derecha mexicana utilizó la palabra ‘soberanía’ como quien saca la bandera en septiembre: útil para el discurso, las ceremonias, el sotol y las fotos patrióticas de ocasión. La pronunciaban con solemnidad, casi con música de mariachi; norteña en el caso de Chihuahua.
Pero cuando llega el momento de defender realmente la autonomía del país, muchos de esos mismos personajes terminan actuando exactamente al revés, abriendo puertas con una hospitalidad que ni Airbnb fronterizo. Lo que hoy ocurre en Chihuahua es quizá uno de los ejemplos más escandalosos de esa contradicción. Y también empieza a parecer el lento y ruidoso ocaso político de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
La solicitud de juicio político presentada contra la gobernadora Campos Galván no gira únicamente en torno a un conflicto partidista. El fondo del asunto es mucho más delicado, aunque el prianismo se haya empeñado en cambiar la narrativa y convertir un tema de soberanía nacional en capítulo de telenovela política: la presunta participación de agentes de la CIA en operativos realizados en territorio mexicano bajo el amparo de un gobierno estatal panista.
México tiene una larga historia marcada por intervenciones extranjeras, espionaje y operaciones encubiertas provenientes de Estados Unidos. Chihuahua, además, conoce perfectamente el peso de la frontera, del narcotráfico y de las presiones del vecino del norte. Quizá por eso resulta todavía más grave que un gobierno local parezca haber normalizado la presencia de una agencia extranjera operando en territorio nacional, casi como si la DEA ya viniera incluida en los convenios de cooperación fronteriza.
Es difícil de entender la ligereza con la que Acción Nacional intenta minimizar el tema. En vez de aclarar con transparencia qué ocurrió, el panismo convirtió el caso en un espectáculo victimista. Hablan de persecución política, de ataques contra Chihuahua y hasta de resistencia civil, como si comparecer ante autoridades federales fuera equivalente a una dictadura.
La gobernadora agravó aún más el conflicto al generar un ambiente hostil que incluyó mensajes acusatorios contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como bloqueos carreteros y la apertura de zanjas durante la marcha de Morena en la ciudad de Chihuahua. Terminó convirtiendo el caso en politiquería de la más baja y eso profundizó todavía más las tensiones. No había necesidad de llevar el conflicto a ese nivel.
La propia presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, recalcó ayer en su conferencia de prensa, que la gobernadora fue llamada como testigo y no como imputada. Sin embargo, el nivel de nerviosismo político mostrado por el PAN parece revelar algo más profundo: el temor de que las investigaciones sigan avanzando.
El problema para el panismo chihuahuense es que el país cambió y también cambió el público. Ya no estamos en aquellos tiempos del aplauso automático, cuando ciertos grupos podían moverse entre privilegios políticos, blindajes mediáticos y silencios cuidadosamente administrados mientras las instituciones practicaban el antiguo deporte nacional de mirar hacia otro lado. Hoy la discusión ya no se limita a lo ocurrido en la Sierra de Chihuahua.
La verdadera pregunta —incómoda, inevitable y profundamente política— es hasta dónde llegó esa relación de colaboración con agencias extranjeras y quién decidió abrirles la puerta con la naturalidad de quien entrega invitaciones para un cóctel diplomático.
Miente otra vez la gobernadora; Corral, de mal en peor
La gobernadora María Eugenia Campos Galván volvió a construir un mensaje basado en la victimización política y, nuevamente, distorsionó el fondo del problema en un video publicado en sus redes sociales. Nadie la está investigando por desmantelar un narcolaboratorio, como intenta hacerlo creer en su discurso.
El tema central, ya todos lo saben, es la presunta incursión y participación de agencias estadounidenses, particularmente la DEA, en operativos realizados en territorio chihuahuense fuera de los márgenes legales y sin autorización federal. El video y su actitud altanera, es realmente penoso.
Campos intentar convertir un debate sobre soberanía nacional en una historia de persecución personal es una maniobra política bastante transparente. La gobernadora insiste en presentarse como perseguida mientras evita responder la pregunta esencial: ¿quién autorizó la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua?
También resulta cuestionable que Javier Corral aproveche la coyuntura para volver al escenario político cuando es un personaje profundamente desgastado, sin respaldo popular y alejado incluso de Morena, partido al que ni siquiera pertenece formalmente. El exgobernador terminó refugiado políticamente en el Senado después de quedarse prácticamente sin estructura ni aliados en Chihuahua.
Sin embargo, la mandataria estatal nuevamente mintió, ya que la Fiscalía de la CDMX respondió que esto es “falso”, ya que sólo se le notificó sobre una audiencia sobre la resolución de la denuncia de Corral en la que se “determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no hay delito que perseguir”.
Mal la gobernadora por intentar manipular la narrativa, y contar mentiras, y mal también Corral por querer sacar ventaja política del conflicto. Pero una cosa no cancela la otra. Las investigaciones relacionadas con la presencia de agencias extranjeras en territorio mexicano deben ir al fondo, porque la soberanía nacional no puede convertirse en moneda de cambio para disputas partidistas o acuerdos políticos de ocasión.
El conservadurismo prianista en acción
El conservadurismo chihuahuense volvió a exhibirse ayer con toda su vieja maquinaria de miedo, evasión y cálculo político. La bancada del PAN decidió simplemente desaparecer del Congreso del Estado para romper el quórum y evitar la discusión sobre matrimonios igualitarios. Ni siquiera tuvieron el valor político de debatir el tema de frente. Optaron por la vieja táctica del prianismo local: esconderse, congelar derechos y esperar que el tiempo haga el trabajo de la intolerancia.
En Juárez, afuera del edificio de Pueblito Mexicano, integrantes de colectivos LGBT+ exigían algo elemental, la igualdad ante la ley. Del otro lado aparecieron policías estatales, guardias de seguridad y hasta extintores utilizados para dispersar manifestantes. Todo para impedir que una comunidad históricamente discriminada pudiera siquiera acercarse al recinto donde se les volvió a negar un derecho que en la mayor parte del país ya está reconocido.
El hecho retrata perfectamente el atraso político que vive Chihuahua. Dieciséis años lleva congelada la discusión sobre matrimonios igualitarios. Dieciséis años donde el conservadurismo panista ha preferido gobernar mirando hacia el pasado, aferrado a prejuicios religiosos y discursos morales que hace tiempo dejaron de representar a una sociedad plural y diversa.
Lo más grave es que el PAN ya ni siquiera intenta disfrazar su posición. Simplemente rompieron el quórum para impedir la votación. Así funciona hoy buena parte de la derecha chihuahuense y del resto del país, que afortunadamente, cada vez tiene menos poder. Y luego todavía hablan de Estado de derecho, libertades y respeto a las instituciones mientras utilizan el poder legislativo para bloquear derechos civiles básicos.
La presencia de grupos autodenominados “cristianos evangélicos” rezando con biblias afuera del recinto terminó de completar una escena que por momentos parecía sacada de hace dos siglos, solo que ahora con celulares, transmisión en vivo y patrullas estatales de fondo. El conservadurismo regional volvió a exhibirse como un sector político que todavía cree que los derechos humanos pueden decidirse entre rezos, cálculos electorales y filtros morales.
Chihuahua, hay que recordarlo, continúa junto con Aguascalientes entre las últimas entidades del país sin legislar plenamente sobre matrimonio igualitario. Un rezago que ya resulta insostenible para un estado que presume modernidad económica, industria global y desarrollo fronterizo, pero que políticamente sigue atrapado en discusiones que el resto del país resolvió hace años.
