La disputa política entre Morena y el Gobierno de Chihuahua subió de tono este lunes luego de que la dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, anunciara una serie de denuncias electorales y administrativas contra la administración de María Eugenia Campos por el presunto uso de recursos públicos, personal gubernamental y estructuras oficiales para intentar frenar la movilización morenista realizada el pasado fin de semana en la capital del estado.
La dirigente nacional de Morena sostuvo que durante la jornada se utilizaron edificios gubernamentales para colocar propaganda contra el movimiento, además de que funcionarios estatales y trabajadores públicos habrían participado en acciones destinadas a obstaculizar el traslado de simpatizantes provenientes de distintos municipios de Chihuahua.
Las acusaciones surgen después de la llamada Marcha por la Seguridad y la Defensa de la Soberanía, una movilización que reunió a miles de personas y que tuvo como principal eje político el escándalo por la presunta participación de agentes de la CIA en operativos realizados en la Sierra Tarahumara sin autorización federal, caso que Morena busca convertir en un juicio político contra la gobernadora panista.
Durante la conferencia, Montiel mostró fotografías y videos donde aparecen trabajadores del DIF estatal —encabezado por María Eugenia Galván Antillón, madre de la gobernadora, quien es la presidenta del DIF Estatal— sosteniendo pancartas y manifestándose dentro y fuera del aeropuerto de Chihuahua ante la llegada de dirigentes morenistas.
También exhibió imágenes de personas con el rostro cubierto intentando impedir el paso de contingentes y un video donde aparece Mario Mata Carrasco, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, presuntamente encabezando bloqueos sobre la carretera Chihuahua-Delicias para retrasar la movilización.
“Tuvieron que sacar a los servidores públicos para tratar de frenar la movilización ciudadana porque ya no tienen estructura partidista”, declaró Montiel.
La dirigente afirmó que Morena presentará denuncias primero ante órganos electorales locales y posteriormente ante instancias federales, al considerar que existió una utilización indebida de recursos públicos y participación ilegal de funcionarios estatales en actividades político-electorales.
“Debemos llevar los procedimientos como marca la ley y, en su caso, escalarlo a los órganos electorales federales”, señaló.
Montiel también insistió en que María Eugenia Campos debe ser investigada por presuntas violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional relacionadas con la colaboración irregular de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
El llamado “caso CIA” estalló después del accidente ocurrido en abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos presuntos agentes estadounidenses, además del director de la Agencia Estatal de Investigación y un escolta, durante un operativo antidrogas. Desde entonces, Morena sostiene que el Gobierno estatal permitió operaciones extranjeras fuera de los mecanismos legales de coordinación federal.
La morenista recordó además que Campos Galván llegó a la gubernatura en 2021 mientras enfrentaba acusaciones relacionadas con la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte y aseguró que la mandataria mantiene una conducta reiterada de violaciones legales.
“La postura de la gobernadora es permanentemente infringir la ley”, afirmó.
En paralelo, Morena continuará la recolección de firmas ciudadanas para impulsar la solicitud formal de juicio político contra la gobernadora, un proceso que el partido busca llevar hasta el Congreso.
Montiel sostuvo además que el crecimiento electoral de Morena en Chihuahua se refleja tanto en las movilizaciones recientes como en los resultados electorales. Según cifras presentadas por la dirigente, Morena pasó de obtener poco más de 401 mil votos en 2021 a superar los 680 mil en 2024, mientras que el PAN habría registrado una caída importante en el mismo periodo.
Finalmente, rumbo al proceso electoral de 2027, la dirigente nacional aseguró que Morena buscará “blindarse” para evitar candidaturas vinculadas con corrupción o personajes de mala reputación política.
“No vamos a aceptar candidatos que tengan mala reputación. Nuestros candidatos deben ser intachables”, declaró.
