Hay algo delicado cuando un gobierno decide bloquear carreteras, suspender transporte público o dificultar el traslado de ciudadanos justo antes de una manifestación. En cualquier democracia, el derecho a protestar no depende de la simpatía política de las autoridades. Está protegido por la Constitución y forma parte de las libertades fundamentales de una sociedad democrática.
Lo ocurrido el sábado en los accesos a la ciudad de Chihuahua resulta escandaloso por donde se le mire. Agricultores y productores, afines a la gobernadora María Eugenia Campos, prácticamente apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, bloquearon carreteras estratégicas para obstaculizar y retardar la llegada de miles de morenistas provenientes de distintas regiones del estado.
La mandataria panista dispuso de una parte importante de la maquinaria del Gobierno del Estado para intervenir en la operación. En algunos de los bloqueos fueron vistos funcionarios estatales como Mario Mata Carrasco, actual director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, cuya presencia terminó alimentando aún más las críticas sobre el uso del aparato gubernamental en un conflicto de carácter político.
Habría que recordarle a la gobernadora que en México, los artículos 6º y 9º constitucionales garantizan la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, mientras que el artículo 11 protege el libre tránsito. En otras palabras esto significa que las personas tienen derecho no solo a manifestarse, sino también a desplazarse libremente para participar en una movilización política o social.
El hecho de que la autoridad limite accesos, coloque retenes o suspenda sistemas de transporte antes de una protesta, surgen cuestionamientos legales importantes. Si no existe violencia, armas o amenazas, impedir el paso de ciudadanos puede interpretarse como una restricción indebida al ejercicio de derechos constitucionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y facilitar el derecho a la protesta. Esto implica generar condiciones para que las personas puedan reunirse y expresarse sin obstáculos arbitrarios ni medidas intimidatorias.
También existe el principio de proporcionalidad. Si una marcha únicamente recorrerá ciertas zonas de una ciudad, pero el gobierno suspende sistemas completos de movilidad o restringe amplias áreas de circulación, la medida puede considerarse excesiva frente al impacto real de la manifestación.
Es cierto que las leyes mexicanas también sancionan algunos bloqueos cuando afectan vías generales de comunicación o perjudican derechos de terceros. El Código Penal Federal contempla restricciones en ciertos casos. Sin embargo, esas normas están diseñadas para regular hechos concretos durante una protesta, no para justificar acciones preventivas destinadas a impedir que la manifestación ocurra.
El operador incómodo del gobierno panista
Es muy grave lo de Mario Mata Carrasco. No solamente por haber aparecido presuntamente encabezando bloqueos carreteros al estilo narco, para impedir el traslado de manifestantes a Chihuahua capital, sino por el mensaje político que eso representa en medio de la crisis que atraviesa el gobierno de María Eugenia Campos.
Las imágenes de carreteras cerradas, maquinaria atravesada y funcionarios estatales participando en los bloqueos terminaron alimentando todavía más las críticas contra el Gobierno del Estado.
El problema se vuelve todavía más delicado cuando quien aparece en esos operativos es el actual titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, uno de los organismos con mayor estructura operativa y política dentro de la administración estatal.
Mario Mata Carrasco, es un personaje marcado desde hace años por la polémica. El exdiputado panista fue incluido en el registro de sujetos infractores por violencia política en razón de género del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, luego de que el Tribunal Electoral ratificara una sentencia en su contra por expresiones misóginas dirigidas a la senadora morenista Bertha Caraveo, a quien llamó “iletrada”, “analfabeta” y “cacatúa”.
