La detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, volvió a colocar bajo presión al entorno político del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en medio de las investigaciones que autoridades estadounidenses mantienen abiertas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez, militar en retiro de 66 años, fue arrestado el pasado 11 de mayo en Arizona y quedó bajo custodia federal estadounidense, de acuerdo con reportes publicados por el diario El País.
El exfuncionario aparece entre los servidores públicos señalados por la administración del presidente Donald Trump dentro de una serie de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y presuntas redes de protección institucional.
Según la información difundida, el exsecretario enfrenta acusaciones por conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas, cargos integrados dentro de un expediente federal radicado en el Distrito Sur de Nueva York.
Un día después de su captura, Mérida Sánchez compareció ante el magistrado Eric J. Markovich en Tucson, Arizona, donde aceptó ser trasladado a Nueva York para continuar con el proceso judicial en su contra.
Durante la audiencia, que tuvo una duración aproximada de dos minutos, el acusado renunció a su derecho a una audiencia de identidad y autorizó formalmente el traslado hacia la jurisdicción donde se desarrolla el caso principal.
Habría congelado México cuentas de Rocha
De acuerdo con fuentes oficiales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría ordenado el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros funcionarios señalados en la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
La medida ocurre en medio de las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses contra integrantes del círculo político y de seguridad ligado al gobierno sinaloense, acusados presuntamente de brindar protección al Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no contaba con información detallada sobre el posible congelamiento de cuentas, aunque sostuvo que la UIF actúa bajo criterios técnicos y puede proceder cuando detecta irregularidades financieras.
“Si encuentra alguna irregularidad, procede”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre el tema.
Prepararía EU nueva ofensiva
El gobierno de Estados Unidos estaría preparando una ofensiva judicial más amplia contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, de acuerdo con información publicada por el diario The New York Times.
Según el reporte, el Departamento de Justicia instruyó a fiscales federales de todo el país a incrementar significativamente las investigaciones y acusaciones contra políticos mexicanos sospechosos de colaborar con cárteles del narcotráfico.
La publicación señala que la instrucción fue emitida por el subprocurador general adjunto Aakash Singh durante una llamada con los 93 fiscales federales estadounidenses.
De acuerdo con el diario, Singh pidió triplicar los casos judiciales relacionados con funcionarios mexicanos y explorar además la presentación de cargos vinculados con terrorismo, luego de que la administración de Donald Trump clasificó al Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
El funcionario estadounidense habría señalado que las posibles molestias diplomáticas con el gobierno mexicano no debían frenar las investigaciones ni las acciones judiciales.
Las declaraciones surgen semanas después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
En ese expediente, las autoridades estadounidenses acusaron a los señalados de colaborar presuntamente con el Cártel de Sinaloa, aunque en esa primera acusación no fueron incluidos cargos relacionados directamente con terrorismo.
Las acusaciones
Las investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico podrían extenderse en los próximos meses, advirtió el martes pasado el director de la Drug Enforcement Administration, Terry Cole, durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos.
El funcionario aseguró que la acusación presentada recientemente contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa apenas el inicio de futuras acciones judiciales relacionadas con presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales.
Durante la audiencia, el senador republicano John Kennedy cuestionó a Cole sobre el caso abierto contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses señalados por supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
En respuesta, el jefe de la DEA afirmó que durante años existieron relaciones entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos, pero aseguró que ahora las autoridades estadounidenses comenzaron a actuar con mayor fuerza sobre esos casos.
Cole sostuvo además que los servidores públicos que colaboran con grupos criminales son responsables de las consecuencias generadas por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, particularmente por el ingreso de fentanilo y otras sustancias ilícitas.
“Esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, declaró el funcionario federal ante legisladores estadounidenses.
Durante la misma sesión, el senador Kennedy criticó políticas de seguridad implementadas en administraciones mexicanas anteriores y mencionó la estrategia de “abrazos, no balazos” impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como ejemplo de una postura permisiva frente a los cárteles.
Las declaraciones se producen semanas después de que fiscales federales estadounidenses anunciaran cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
La acusación fue presentada por fiscales del Departamento de Justicia y la DEA, convirtiéndose en el primer proceso judicial abierto en Estados Unidos contra un gobernador mexicano en funciones por presuntos nexos con organizaciones criminales.
