La decisión de reinstaurar el pelotón de fusilamiento como método de ejecución en Estados Unidos no sólo reabre el debate sobre la pena de muerte, sino que coloca al país frente a una nueva pregunta: ¿hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la justicia sin cruzar la línea de la barbarie?
El nuevo protocolo impulsado desde el Departamento de Justicia, bajo la lógica de endurecer castigos y “agilizar” procesos, implica en los hechos una reducción de los tiempos entre sentencia y ejecución, la limitación de recursos legales y la ampliación de los métodos para quitar la vida. Todo ello se sostiene en un argumento recurrente: la disuasión del crimen. Sin embargo, la evidencia histórica y criminológica ha sido consistente en señalar que la pena de muerte no ha demostrado ser un mecanismo eficaz para reducir la violencia.
El retorno del fusilamiento resulta particularmente simbólico. Se trata de un método asociado a prácticas militares, a ejecuciones sumarias y a contextos autoritarios. En pleno siglo XXI, su incorporación al catálogo de ejecuciones en una democracia occidental envía un mensaje inquietante: la modernidad tecnológica no necesariamente implica avances éticos.
El debate no es nuevo, ya que Estados Unidos ha transitado por la silla eléctrica, la inyección letal y otros mecanismos que, en su momento, fueron presentados como “más humanos”. Pero todos han terminado bajo cuestionamiento. Informes médicos han señalado que sustancias como el pentobarbital pueden provocar sensaciones de asfixia antes de la muerte. La llamada “humanización” de la ejecución ha sido, en muchos casos, una narrativa más que una realidad verificable.
Comparado con otras naciones, el giro es aún más evidente. En Europa, la pena de muerte ha sido abolida en su totalidad y es considerada incompatible con los derechos humanos. En América Latina, la mayoría de los países también la han eliminado o la mantienen sin aplicación. Incluso naciones que la conservan enfrentan una presión internacional constante para su desaparición. Estados Unidos, en cambio, parece avanzar en sentido contrario, ampliando sus métodos en lugar de cuestionarlos.
El argumento de justicia para las víctimas, aunque legítimo en su origen, se vuelve problemático cuando se traduce en políticas que replican la violencia que buscan sancionar. La justicia no se mide por la severidad del castigo, sino por la capacidad del sistema para garantizar verdad, reparación y no repetición.
Además, la propuesta de limitar recursos legales como el hábeas corpus introduce otro riesgo como el de los errores irreversibles. En un sistema donde se han documentado casos de condenados a muerte posteriormente exonerados, acelerar ejecuciones implica aumentar la posibilidad de ejecutar a inocentes. Y en ese punto, cualquier argumento punitivo pierde sustento.
Lo que está en juego no es sólo una política criminal, sino una concepción del Estado. Apostar por métodos como el fusilamiento revela una visión que privilegia el castigo por encima de la prevención, y la fuerza sobre el derecho. Es, en muchos sentidos, una regresión.
La discusión de fondo debería ser otra, por ejemplo, cómo construir sistemas de justicia eficaces, cómo atender las causas de la violencia y cómo garantizar la seguridad sin recurrir a prácticas que, lejos de resolver el problema, lo profundizan en el plano ético.
Si la justicia termina pareciéndose demasiado a la violencia que castiga, entonces deja de ser justicia. Y se convierte, simplemente, en otra forma de ejercerla.
