“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración, y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran, hasta ahora la info que teníamos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la FGR para ver si se violaron las leyes federales”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en la Mañanera del Pueblo.
La declaración coloca en el centro del caso la posible coordinación entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y agencias estadounidenses, y que pudieran estar trabajando en secreto.
Ahora se sabe que los agentes no estaban adscritos a la Embajada de Estados Unidos y, según diversos medios estadounideses como The New York Times, no eran dos sino cuatro los que habrían participado en el operativo del narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua; además, se señala que pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La mandataria añadió que sostuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos para abordar lo ocurrido, mientras confirmó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván no se ha comunicado con ella tras los hechos.
“La relación con agencias de Estados Unidos, así como con la embajada y sus instituciones, está regida por la Constitución; la presencia de agentes se encuentra regulada por la Ley de Seguridad Nacional. Para que un estado de la República pueda establecer vínculos con una agencia estadounidense, debe hacerlo a través de la Federación”, agregó la presidenta.
Dijo que no están permitidas operaciones en territorio; únicamente labores de inteligencia.
“Existe coordinación, pero no operaciones conjuntas en tierra. En caso de confirmarse que hubo una intervención conjunta, se determinará el tipo de sanción aplicable”, añadió.
Una vez que se cuente con esa confirmación, informó, se emitiría un extrañamiento al gobierno de Estados Unidos. Este caso rebasa el marco de la coordinación vigente, por lo que deberán solicitarse explicaciones tanto a la Embajada de Estados Unidos como al Gobierno de Chihuahua.
La legislación en materia de seguridad nacional en México establece que ningún agente extranjero, incluidos militares o corporaciones de Estados Unidos, puede operar en el país sin autorización previa del gobierno federal. Cualquier colaboración directa con autoridades estatales sin ese aval contraviene lo dispuesto por la Constitución.
Ayer, el fiscal estatal César Jáuregui Moreno aseguró que personal de la embajada de Estados Unidos, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Méndez, quienes fallecieron en un accidente en Guachochi, se encontraban en la misma región donde fueron localizados seis narcolaboratorios, aunque a 54 kilómetros de distancia, en la comunidad de Polanco, “en una capacitación de manejo de drones”, mientras que los elementos mexicanos sí participaron en el operativo.
El funcionario modificó la versión que había dado previamente sobre la presencia de agentes estadounidenses en los municipios serranos de Morelos y Guachochi, inicialmente vinculada con el aseguramiento de sitios para la elaboración de drogas sintéticas en El Pinal. De acuerdo con su explicación más reciente, los agentes extranjeros no intervinieron directamente en el operativo.
El domingo, Jáuregui Moreno informó que las cuatro personas fallecieron cuando el vehículo en el que se trasladaban cayó a un barranco, tras participar en acciones para desmantelar laboratorios presuntamente ligados al cártel de Sinaloa en la sierra Tarahumara. Sin embargo, posteriormente precisó que el operativo se llevó a cabo los días 16 y 17, y que el encuentro con los agentes estadounidenses ocurrió el día 18, durante el regreso del comandante Oseguera en la comunidad de Polanco.
Según la versión oficial, “los dos elementos estadunidenses hacían labores de capacitación en el vuelo de drones, fundamentalmente, como a ocho o nueve horas de donde se realizaba el operativo; después se encontraron con el comandante, cuando él venía de regreso; ellos no participaron en el operativo”. No obstante, la postura del Gobierno federal apunta a una investigación más amplia que deberá esclarecer el alcance real de la colaboración y si existió alguna violación a la legislación mexicana.
