Vaya lío en el que se metieron las autoridades estatales tras el lamentable accidente en el que perdieron la vida Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, el oficial Manuel Méndez Montes y dos agentes estadounidenses que, según se ha dicho, se encontraban en entrenamiento.
En el centro de esa narrativa está la explicación del fiscal César Jáuregui Moreno, quien ha insistido en que en el operativo de El Pinal no hubo participación extranjera. Su posicionamiento buscaba cerrar el tema, pero en realidad lo abrió.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en el operativo que culminó con el hallazgo de un gigantesco narcolaboratorio participaron únicamente agentes estatales, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano.
Pero la presencia de instructores estadounidenses en una comunidad cercana, el traslado conjunto en un convoy oficial, el accidente en plena madrugada, todo forma parte de una misma escena que difícilmente puede fragmentarse sin dejar huecos. Se dice que estaban ahí para capacitar en el uso de drones y que no intervinieron en el operativo. Pero la pregunta no desaparece, solo cambia de forma.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no existía conocimiento ni autorización para este tipo de intervención. Habló de protocolos, de un marco legal que debe respetarse, de la necesidad de investigar y de informar a la ciudadanía.
También planteó la revisión de una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, un señalamiento que apunta a tensiones dentro de la coordinación institucional y expone fisuras en la forma en que se articulan los distintos niveles de gobierno.
Aquí surge otras interrogantes: si participaron elementos del Ejército, ¿por qué no informaron a los mandos de la Sedena sobre los resultados del operativo? Y, en caso de que hubiera intervención de estadounidenses, ¿por qué tampoco notificaron a sus superiores sobre una posible violación a la soberanía mexicana?
No deberíamos olvidar al secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez, quien ha descrito sin rodeos la proyección de la Torre Centinela como un centro internacional de inteligencia donde agencias como la DEA, el FBI o CBP podrán compartir información e incluso tener presencia operativa. ¿A caso esa visión forma parte de una estrategia anunciada?
¿Cómo se sostiene la idea entonces de que no hay participación extranjera cuando al mismo tiempo se construyen espacios para su presencia? ¿Dónde termina la cooperación y dónde comienza la intervención? ¿Quién define esa línea y bajo qué criterios?
En un estado fronterizo, atravesado por dinámicas del crimen transnacional, la coordinación internacional resulta necesaria. Aun así, persiste la opacidad y la ausencia de una narrativa clara que permita entender qué ocurrió realmente y bajo qué condiciones operan actores extranjeros en territorio nacional.
Lo que afirma el fiscal, lo que sugiere la presidenta y lo que proyecta el secretario de Seguridad estatal apunta a tres posibles escenarios: que sí hubo participación extranjera en el operativo; que existe una descoordinación entre autoridades estatales y federales; o que todos saben que agentes estadounidenses intervinieron, pero se intenta sostener una versión distinta.
Y en medio de ese cruce de discursos, queda una sensación persistente. No se trata solo de un accidente ni de un operativo. Se trata de la forma en que se toman decisiones en materia de seguridad, de quién las toma y de quién queda fuera de la información.
Cuando la claridad se sustituye por explicaciones parciales, surge la duda natural. Y la duda, en temas de soberanía y seguridad, siempre termina pesando más que cualquier versión oficial.
Inicia a medias la Torre Centinela
La Torre Centinela comenzó operaciones apenas ayer. Lo hizo tarde y lo hizo a medias. Un proyecto que el propio Gobierno estatal había prometido concluir desde febrero de 2024 arranca con ocupación parcial y con la sensación de que el tiempo perdido no fue casualidad, sino parte de una historia más amplia que aún no termina de contarse.
Hoy hay alrededor de 150 trabajadores instalados en tres pisos del edificio. Ayer el Estado presumió que analistas, operadores y personal de inteligencia comienzan a moverse entre escritorios y pantallas en los niveles 13, 14 y 15. La imagen busca proyectar avance, pero detrás de ese arranque queda claro que la estructura no está completa ni en operación plena. La promesa era otra y el resultado dista de lo anunciado.
Se habla de que serán más de 600 personas las que eventualmente trabajarán ahí, junto con el personal operativo que dará soporte a toda la plataforma. También se insiste en que poco a poco se ocuparán todos los niveles conforme avance el equipamiento.
Esa gradualidad no responde a una estrategia, responde a una obra que no llegó a tiempo y que ahora intenta ponerse al día frente a una expectativa pública que se ha ido desgastando.
La Torre Centinela fue presentada como el eje de un sistema de seguridad de gran escala. Más de mil cámaras PTZ, miles de dispositivos fijos, lectores de placas, filtros biométricos y drones formarían parte de una red tecnológica capaz de vigilar amplias regiones del estado.
Las auditorías han señalado que buena parte de ese plan no se ha cumplido. Lo que se prometió como un salto tecnológico hoy se percibe como un proyecto incompleto.
