Pasan los años, cambian las administraciones, se reciclan los discursos… y los usuarios siguen esperando el camión. Eso sí, en el papel todo funciona, en los informes todo avanza y en la propaganda el sistema es ejemplar. Eso es lo que han dejado los gobiernos priistas y panistas. En el transporte público de Ciudad Juárez, con ellos, nada ha cambiado.
Si algo ha perfeccionado el Gobierno del Estado no es el transporte, sino la narrativa. Ahí está el JuárezBus, reluciente, con logos bien visibles, oportunamente estrenado en tiempos electorales, como si la movilidad también votara. Un sistema que en el discurso es moderno, eficiente y transformador, pero que en la realidad no alcanza a cubrir lo básico. Lo demás, lo cotidiano, lo que no sale en la foto, sigue igual o peor.
En el poniente de la ciudad, donde la vida no se mide en boletines sino en trayectos interminables, la situación es otra. Rutas inexistentes, camiones en condiciones que rozan lo irresponsable, tiempos de espera que se vuelven rutina. Ahí hay abandono, y no es nada nuevo, se trata de una constante sostenida con disciplina administrativa.
Pero cuando el problema deja de ser ignorado y empieza a señalarse, la respuesta no es una solución. Es un señalamiento. Resulta que ahora todo forma parte de un “complot”. Que las críticas no son reales, sino parte de una estrategia política. Que quienes denuncian el colapso del sistema en realidad lo están provocando. Una explicación conveniente para no mirar hacia donde duele.
El encargado de sostener esa versión es el finísimo secretario de Gobierno, Santiago De la Peña, que entre aspiraciones políticas y declaraciones públicas ha optado por la ruta más cómoda, acusar a otros. Según él, hay actores que protegen a transportistas irregulares, como si eso explicara años de desorden, falta de supervisión y decisiones que dejaron a miles sin opciones reales de movilidad.
¿Quién regula? ¿Quién supervisa? ¿Quién permitió que el sistema llegara a este punto? Porque señalar hacia afuera puede ser útil en una conferencia, pero no mueve un solo camión, no mejora una sola ruta, no reduce un solo minuto de espera.
Ayer, las diputadas estatales Magdalena Rentería, Antonieta Pérez, Brenda Ríos, Elizabeth Guzmán y Jael Argüelles señalaron que la descalificación hacia su trabajo por parte del secretario de Gobierno forma parte de un patrón de violencia política de género, una práctica que, dijeron, busca reducir la voz de quienes han documentado y denunciado el deterioro del transporte público en el estado.
Las morenistas advirtieron que, frente a un problema estructural que afecta a miles de usuarios, la respuesta institucional ha sido minimizar las críticas en lugar de atenderlas. En ese contexto, el señalamiento hacia el secretario de Gobierno no solo apunta a su discurso, sino a su incapacidad para responder a una crisis que lleva años acumulándose.
Brenda Ríos indicó que el problema ya rebasó cualquier margen de justificación. Sostuvo que las descalificaciones hacia las diputadas son una reacción ante la falta de resultados y lanzó un mensaje que resume el nivel de hartazgo: si el funcionario no puede con el tema del transporte, que renuncie. Así lo dijo.
Antonieta Pérez expuso con cifras lo que describió como la quiebra del modelo de transporte en Ciudad Juárez. Recordó que en 2015 circulaban alrededor de 2 mil 500 camiones, mientras que para marzo de 2026 apenas operan 441 unidades. El déficit supera las 2 mil unidades y la cobertura refleja el abandono. Más de la mitad de las colonias en Juárez carecen de servicio o enfrentan uno deficiente, mientras solo una parte de la ciudad tiene acceso a un transporte funcional.
Las legisladoras coincidieron en que la transición al modelo BRT no resolvió el problema, sino que lo agravó. Las unidades retiradas no fueron sustituidas y muchas migraron al transporte de personal, dejando a cientos de miles de usuarios sin alternativas. El Gobierno del Estado, como es habitual, en lugar de resolver, opta por acusar y señalar complots.
María Eugenia prometió subirse al problema y terminó bajándose
Hay imágenes que envejecen mal, una de ellas es la de María Eugenia Campos, aquel 10 de abril de 2021, subiéndose a un camión de la Línea Express 1-A para arrancar campaña en Ciudad Juárez. Llegó al Mercado Nacional, caminó entre locales, se sentó en las carnitas “El Güero” y, con tono cercano, aseguró entender a una ciudad que —dijo— le dolía. Prometió algo muy concreto: mejorar el transporte público y llevarlo hasta las colonias donde simplemente no llegaba.
Fue una escena bien montada. Cámara, mensaje, cercanía. En ese momento no se trataba de resolver, sino de convencer. Y el transporte, como tantas veces, fue utilizado como bandera electoral. Lo curioso es que, una vez ganada la elección, esa cercanía se volvió lejana y esas promesas, como suele ocurrir, empezaron a diluirse entre informes, discursos y nuevas promesas.
Hoy el contraste es muy grande. Sí, hay unidades nuevas circulando en las rutas troncales, se ven en avenidas principales como Tecnológico, Juan Gabriel o Gómez Morín. Eso es lo que aparece en la foto oficial. Pero basta salir de ese perímetro para encontrarse con la otra ciudad, la que no sale en los informes. Colonias sin rutas, usuarios esperando, trayectos interminables. Las famosas rutas alimentadoras, esas que prometían conectar todo el sistema, simplemente no están.
Y ahí es donde el discurso se rompe, debido a que no se puede hablar del “mejor transporte del país” cuando faltan cerca de 2 mil unidades y más de la mitad de las colonias no tienen servicio digno. No se puede presumir modernidad cuando miles de personas tienen que recurrir a transporte de plataforma para suplir la deficiencia y acercarse a un sistema que, en teoría, debería servirles directamente.
La propia gobernadora llegó a decir que fue “doloroso” y hasta “vergonzoso” que la gente no creyera en el proyecto. Tal vez habría que invertir la frase. Lo verdaderamente doloroso es que sí creyeron. Que hubo quienes pensaron que aquella escena del camión no era solo un acto de campaña, sino un compromiso real. Y lo verdaderamente vergonzoso es que, cuatro años después, el proyecto siga a medias. ¿Están esperando otra vez tiempos electorales para actuar?
El problema no es técnico, es de visión. El Estado insiste en vender las rutas troncales como si fueran el sistema completo, cuando en realidad son solo una parte. Sin rutas alimentadoras, el modelo queda incompleto, fragmentado, ineficiente. Eso lo han señalado incluso legisladoras que han puesto el dedo en la llaga, aunque desde el poder prefieran descalificar antes que corregir.
Quizá valdría la pena repetir aquella escena de campaña. Que la gobernadora vuelva a subirse a un camión, pero esta vez sin cámaras, sin discurso preparado y sin ruta definida. Que intente llegar desde una colonia hasta su destino usando el sistema que hoy presume. Ahí, en ese recorrido, sin filtros ni propaganda, podría encontrarse con la realidad que prometió cambiar… y que sigue esperando.
