La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) por pagos indebidos realizados a la empresa Seguridad Privada S.A. de C.V. (Seguritech), correspondientes al contrato para la construcción de la Torre Centinela, cuya obra aún no concluye.
Héctor Acosta Félix, titular de la ASE, informó en conferencia de prensa que los pagos se realizaron con documentos falsos o modificados, que supuestamente respaldaban trabajos que no se habían llevado a cabo al momento de cobrarse. La responsabilidad correspondería tanto a empleados de la empresa como a funcionarios estatales que permitieron los cobros, a sabiendas de que las obras no estaban terminadas.
Los datos se presentan luego de que se presentó ante diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, para informar acerca del informe de resultados generales correspondientes al año 2024, en el que se dieron a conocer 2 mil 606 observaciones realizadas, la cifra más alta en los 7 años del presente auditor.
De la auditoría y una revisión a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, se analizó el Cumplimiento Financiero, Desempeño, Forense y Obra Pública, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de Municipios y Otras Entidades Fiscalizadas.
Los funcionarios que impulsaron y autorizaron el contrato de la Torre Centinela son la gobernadora María Eugenia Campos y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya. Ambos estuvieron al frente de la decisión de otorgar a Seguritech Privada el multimillonario contrato por adjudicación directa, desde su planeación hasta la supervisión inicial, lo que ahora los coloca en el centro de la polémica por los pagos adelantados, la falta de avances en la obra y las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior del Estado.
La oscura Torre Centinela
El proyecto nació marcado por la opacidad. El contrato de adjudicación directa, por un monto de 4 mil 710 millones de pesos, fue clasificado como “información reservada” durante cinco años. Seguritech, señalada en otros casos por cobrar sobreprecios y otorgar “moches” a funcionarios, tampoco ha terminado la construcción de la torre de 20 pisos, cuya primera piedra se colocó en agosto de 2022 y cuyo plazo original contemplaba finalizarla en enero de 2024, aunque los servicios y avances de obra han presentado retrasos documentados.
El auditor precisó que, aunque la obra aún no concluye, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) podría aplicar sanciones por 98 millones de pesos, mientras la empresa tiene derecho a presentar sus argumentos dentro del proceso de conciliación previsto en la ley.
Además, la SSPE ha atendido las recomendaciones de la ASE, incluyendo la firma de convenios de supervisión con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la integración de un equipo multidisciplinario para seguimiento técnico, administrativo y legal.
Las auditorías emitieron 12 observaciones, 1 solicitud de aclaración, 2 denuncias administrativas por faltas graves, 3 por faltas no graves y 1 denuncia de hechos, en un proceso que continúa conforme a la normativa vigente.
El proyecto también ha sido cuestionado por autoridades municipales. Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, señaló que los recursos destinados a la Torre Centinela podrían haberse invertido en obras de infraestructura vial prioritarias, como la construcción de hasta 12 pasos a desnivel, lo que tendría un impacto directo en la movilidad urbana y en beneficios tangibles para la población.
