El Imperio vive horas oscuras. Esa afirmación describe con claridad el momento político y social que atraviesa Estados Unidos. El clima de odio impulsado desde la Casa Blanca ha derivado en una violencia institucional que se expresa en las calles mediante operativos federales cada vez más agresivos y respaldados por un discurso presidencial que justifica la fuerza antes que la verdad.
El asesinato del enfermero Alex Pretti en Mineápolis se convirtió en un símbolo de esa crisis. Ciudadano estadunidense de 37 años, trabajador de la salud, murió acribillado durante un operativo del aparato antimigratorio. La reacción del gobierno de Donald Trump fue inmediata y alineada con su estrategia habitual. Había que desacreditar a la víctima y fabricar una versión que presentara el crimen como un acto de defensa. Los videos difundidos contradicen esa narrativa, porque Pretti sostenía su teléfono móvil e intentaba proteger a una mujer sometida por agentes del ICE mientras era rociado con gas pimienta.
Sus padres denunciaron públicamente las mentiras difundidas por la administración federal. Hablaron de un montaje oficial y de una campaña para justificar lo injustificable. Sus palabras conectaron con un sentimiento que crece en amplios sectores de la sociedad estadunidense. La muerte de su hijo no fue un hecho aislado, sino el resultado de una política que ha normalizado el uso letal de la fuerza y la deshumanización del otro.
Como ha sucedido habitualmente, Trump reaccionó trasladando la responsabilidad a los gobiernos demócratas. Desde su plataforma digital culpó a alcaldes y gobernadores que se niegan a colaborar con la persecución de migrantes. El mensaje fue una advertencia política. Quien no se somete a la agenda federal es señalado como responsable del caos. En ese contexto, el ICE aparece ante la opinión pública como una policía política que actúa con rostros cubiertos, armas de alto poder y escasa rendición de cuentas.
De acuerdo con varias agencias noticiosas publicadas en medios estadounidenses, la indignación social se expandió con rapidez. El sindicato de enfermeras más grande del país exigió la abolición del ICE. Líderes religiosos, docentes, artistas y organizaciones comunitarias denunciaron la presencia de fuerzas federales armadas en Minnesota, incluso grupos defensores de la portación de armas cuestionaron la versión oficial del asesinato. La fractura del discurso gubernamental es evidente.
Mineápolis se transformó en el centro de una resistencia que rebasa las manifestaciones tradicionales. Paros masivos, cierres de comercios y escuelas, así como brigadas ciudadanas de alerta y protección comunitaria, reflejan una oposición organizada y constante. Miles de personas que nunca habían participado en acciones de protesta se han incorporado a un movimiento que denuncia el autoritarismo y la violencia de Estado.
Las encuestas acompañan este escenario. Casi dos tercios de la población reprueban la gestión de Trump, según sondeos difundidos en las últimas semanas, Más allá de los porcentajes, lo que se percibe es una ciudadanía que ha decidido dejar de observar en silencio. El asesinato de Alex Pretti expuso el deterioro del pacto social y evidenció a un gobierno dispuesto a mentir para proteger a sus fuerzas represivas.
Estados Unidos enfrenta una crisis profunda. Un país que se proclamó durante décadas defensor de la democracia hoy responde a la protesta con balas y desinformación. Frente a ese panorama, la resistencia social crece y se articula como un desafío directo a un poder que ha perdido legitimidad moral.
