El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, llevó su disputa con el Estado mexicano al terreno internacional al presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acusa de ejercer una persecución política sistemática en su contra desde 2023.
El movimiento ocurre mientras mantiene un adeudo fiscal cercano a los 51 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), monto ratificado por resoluciones judiciales que el magnate se ha negado a pagar de forma sistemática, argumentando que la cifra real es menor.
La denuncia fue entregada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Salinas Pliego presentó un expediente de más de 100 páginas al relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca. En el documento, el empresario sostiene que enfrenta un acoso coordinado desde el Gobierno de México que incluye criminalización de la crítica, auditorías excesivas, campañas de desprestigio y presiones sobre el Poder Judicial.
Afirma que tanto él como sus empresas, entre ellas TV Azteca y Elektra, han sido objeto de múltiples procedimientos administrativos y fiscales que considera parte de una estrategia para silenciarlo.
De acuerdo con su propio recuento, desde 2023 ha sido mencionado más de 600 veces en conferencias presidenciales, primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se han señalado presuntos actos de evasión fiscal y críticas a su postura política.
Para Salinas Pliego, estas referencias forman parte de una campaña de hostigamiento institucional destinada a intimidar y desgastar a opositores y voces críticas.
El empresario sostiene que su denuncia no se limita a un conflicto personal, sino que busca sentar un precedente sobre la libertad de expresión y el uso del aparato estatal. Grupo Salinas aseguró que el expediente presentado ante la CIDH documenta un “patrón de persecución” que, dicen, alcanza a empresarios, opositores y ciudadanos críticos del gobierno.
Mientras tanto, la Suprema Corte ha ratificado la obligación de cubrir los adeudos fiscales, cercanos a los 51 mil millones de pesos, que el empresario continúa impugnando. En lugar de pagar, optó por llevar el caso a instancias internacionales, acusando persecución política y abuso de poder. La CIDH confirmó la recepción del expediente y señaló que será analizado conforme a sus procedimientos internos.
