El prianismo volvió a hacer de las suyas en el Congreso de Chihuahua, ese recinto que en teoría debería funcionar como contrapeso y terminó convertido, una vez más, en oficina de trámites del Ejecutivo. Con la naturalidad con la que se pide un café, la mayoría PAN-PRI aprobó un nuevo endeudamiento por 3 mil millones de pesos y, de paso, un refinanciamiento de otros 15 mil millones.
Todo, por supuesto, bajo el viejo y gastado truco retórico: no es deuda, es “reordenamiento financiero”, como si cambiarle el nombre a la cosa la hiciera menos pesada para los bolsillos de los chihuahuenses.
La gobernadora María Eugenia Campos insiste en vender este cuento chino con una sonrisa pedagógica, como si el problema fuera que la gente no entiende. No, gobernadora, se entiende perfectamente. Se entiende que comprometer participaciones federales por hasta 25 años significa hipotecar el futuro del estado.
Advertimos que “afectar un porcentaje suficiente” del Fondo General de Participaciones es una elegante forma de decir que, pase lo que pase, primero cobran los bancos y después —si queda algo— el pueblo. Y se entiende, también, que esta lógica no tiene nada de novedosa: es el mismo manual prianista de siempre, el de patear la lata y heredar el problema a las siguientes generaciones.
La ironía es brutal. Mientras desde el discurso se fingen austeros, responsables y técnicos, en los hechos atan al estado a contratos de largo aliento que permanecerán vigentes “mientras existan obligaciones pendientes de pago”. Traducido al español llano, esto quiere decir que hasta que se termine de pagar todo, aunque eso ocurra cuando quienes hoy levantaron la mano ya estén cómodamente retirados, dando conferencias sobre “buen gobierno” o escribiendo memorias selectivas.
Pero si el endeudamiento aprobado ya resulta escandaloso, lo ocurrido con la votación raya en lo grotesco. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 22 votos, y justo, casualmente, sospechosamente, no acudieron tres diputadas: Irlanda Márquez (PT), Edith Palma Ontiveros (Morena) y Rosana Díaz Pérez (Morena).
Tres ausencias que pesan más que muchas presencias. Tres sillas vacías que hoy cargan con todo tipo de preguntas incómodas. Porque en política las coincidencias no existen, y cuando una votación clave se salva por ausencias quirúrgicamente colocadas, la sospecha no es malicia, es sentido común, ¿de a cuánto fue la mordida?, ya les pregunta a las tres legisladoras en las redes sociales.
Nadie ha probado nada, es cierto. Pero tampoco nadie ha explicado nada. Y en ese silencio espeso, en esa falta de claridad, florecen las versiones de billetazos, presiones y acuerdos bajo la mesa. No es una acusación directa; es algo peor: es la sombra de la duda que cae sobre quienes, por acción u omisión, facilitaron uno de los endeudamientos más delicados para Chihuahua.
Al final, el prianismo celebra. Celebra que volvió a imponer su lógica financiera extractiva. Celebra que el Congreso volvió a obedecer. Celebra que, una vez más, el costo no lo pagarán ellos, sino los ciudadanos. Y mientras tanto, desde el poder, se insiste en tratar a los chihuahuenses como si fueran ingenuos, como si no supieran sumar, como si no entendieran que deuda por 25 años, se llame como se llame, es deuda.
