Ante la reciente decisión de la Casa Blanca de catalogar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, el gobierno mexicano optó por la cautela. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el decreto firmado por el presidente Donald Trump deberá analizarse a fondo, no sólo por su carga política, sino por sus implicaciones legales y sanitarias. No todo, dijo, es blanco o negro cuando se habla de una sustancia que también tiene usos médicos legítimos.
Sheinbaum explicó que la medida estadounidense combina dos vías distintas: una posible reforma legal y un decreto presidencial, lo que obliga a revisar con cuidado sus alcances. Entre los puntos a considerar, subrayó, está el impacto que podría tener sobre el consumo legal del fentanilo, empleado como anestésico en ciertos procedimientos médicos. “No se puede legislar sin entender todas las aristas”, dejó entrever.
Más allá del decreto, la presidenta reiteró la postura histórica de México frente al fenómeno de las drogas: la persecución del delito es necesaria, pero insuficiente. “Se debe actuar contra quienes fabrican y distribuyen drogas, para eso existen fiscalías y jueces”, afirmó, aunque insistió en que el núcleo del problema está en otro sitio. Mientras no se atiendan las causas profundas del consumo, advirtió, el fentanilo podrá ser sustituido por cualquier otra sustancia.
En su diagnóstico, Sheinbaum puso el acento en la salud mental, el entorno familiar, la educación y el desapego social que empuja, sobre todo a jóvenes, a buscar en las drogas una vía de escape frente a realidades que no encuentran cómo enfrentar. Cambiar el nombre del enemigo, sostuvo, no modifica el campo de batalla si las condiciones que lo alimentan permanecen intactas.
