Mientras Chihuahua enfrenta reclamos por la falta de obra pública y el abandono de amplias regiones del estado, ahora se suma un nuevo frente de presión política y legal para la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a partir de señalamientos presentados por la Fiscalía General de la República en un proceso judicial de alto impacto.
Durante la audiencia de imputación contra el exgobernador César Duarte Jáquez, la FGR acusó al exmandatario priista de haber entregado un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora, presuntamente como parte de una relación de complicidad que habría influido para que la justicia estatal le concediera la libertad provisional en junio de 2024. La información fue dada a conocer por el diario Reforma.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, Duarte contaría con una red de apoyos en Chihuahua que representaba un riesgo real de fuga, entre los que se mencionó a la gobernadora en funciones. Este argumento fue considerado por la jueza María Jazmín Ambriz López, quien impuso a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El exgobernador fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, relacionado con 73.9 millones de pesos, de un total de más de 96 millones presuntamente desviados del erario estatal entre 2011 y 2014.
En la audiencia, la FGR recordó que María Eugenia Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el delito de cohecho dentro del caso conocido como la “nómina secreta”, investigación que señalaba el desvío de recursos públicos para el pago de sobornos a actores políticos.
Aunque Campos Galván fue exonerada en el ámbito judicial local un día antes de asumir la gubernatura, los señalamientos retomados ahora por la Fiscalía federal colocan nuevamente a la mandataria en el centro de la controversia. El desarrollo del proceso contra Duarte podría reactivar cuestionamientos legales y políticos que, de escalar, tendrían consecuencias de gran alcance para la actual gobernadora de Chihuahua.
