La presencia de agricultores chihuahuenses en los alrededores de cinco cruces internacionales, desde Puerto Palomas hasta Ciudad Juárez y el Valle, marcó el inicio de una nueva jornada de presión política mientras avanza en la Ciudad de México la discusión de la nueva Ley del Agua.
Entre los manifestantes, Adrián LeBaron destaca como uno de los rostros más visibles de la protesta. El activista forma parte de una familia históricamente favorecida con concesiones y decretos que le han permitido concentrar grandes volúmenes de agua en Chihuahua.
De acuerdo con las inscripciones asentadas en el Registro Público de Derechos de Agua (Redpa), la familia LeBarón posee 150 registros autorizados por la Comisión Nacional del Agua, equivalentes a más de 47 millones de metros cúbicos anuales. Esta información puede consultarse en el sitio web app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx bajo las palabras “LeBarón” y “Chihuahua”.
Algunas concesiones fueron tramitadas durante el periodo en que un integrante del mismo grupo ocupó un cargo directivo en la Conagua, mientras su esposa era delegada estatal de Semarnat, lo que facilitó la autorización de más de la mitad de las constancias de libre alumbramiento, de acuerdo con el diario nacional La Jornada.
MARCADOS POR LA VIOLENCIA
La familia LeBarón, conocida por su activismo público, carga también con una historia marcada por la violencia. El 4 de noviembre de 2019, nueve de sus integrantes —tres mujeres y seis menores— fueron asesinados en una emboscada en la zona limítrofe entre Chihuahua y Sonora, un hecho que conmocionó al país y generó presión internacional.
Tras el ataque, miembros de la comunidad solicitaron formalmente al gobierno de Estados Unidos que los cárteles mexicanos fueran catalogados como organizaciones terroristas extranjeras. La Casa Blanca confirmó la petición el 24 de noviembre de ese mismo año, abriendo un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad.
Seis años más tarde, en enero de 2025, el gobierno de Donald Trump anunció que avanzaría con esa designación. Un documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, enlistó a los grupos que entrarían a la categoría: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Noroeste y Cárteles Unidos.
La clasificación también incluyó a organizaciones consideradas de amenaza similar, como el Tren de Aragua, originado en una prisión venezolana y con presencia en diversos países, así como la Mara Salvatrucha, surgida en Los Ángeles en la década de 1980 y responsable de décadas de violencia en Centroamérica.
