En un comunicado cargado de acusaciones contra el Poder Judicial y el Ejecutivo, Grupo Salinas declaró que en México “ya no existe el Estado de Derecho”. Lo hizo con un tono de víctima institucional, señalando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haberse plegado al poder político y de haber renunciado a la defensa de la legalidad. Sin embargo, detrás del discurso de agravio, el mensaje parece más un intento por blindar intereses económicos que una defensa genuina del orden constitucional.
El conglomerado —propietario de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra— difundió en el fin de semana un texto en el que denuncia una supuesta campaña de hostigamiento desde el gobierno federal y la inminencia de fallos judiciales en su contra. Según su versión, las decisiones de la Corte responderían a “presiones políticas” orquestadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quienes, dice, buscan “consolidar el control absoluto del Estado mexicano”.
Pero el comunicado no menciona un detalle clave, que es de los litigios que enfrenta el grupo empresarial que derivan de adeudos fiscales multimillonarios y auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En otras palabras, no se trata de un conflicto abstracto sobre democracia y justicia, sino de la resistencia de una de las fortunas más grandes del país a cumplir con la ley tributaria que rige a todos los mexicanos.
La narrativa del agravio
En tono desafiante, Grupo Salinas asegura que los ministros de la Corte “han sido doblegados” por el Ejecutivo y que las resoluciones judiciales buscan “sepultar el amparo” como mecanismo de defensa de los particulares. Añade que más de 280 menciones en las conferencias matutinas del presidente López Obrador constituyen una “campaña sistemática” en su contra.
El mensaje intenta revestirse de heroísmo institucional: un empresario enfrentando al poder, un emporio que se dice víctima del autoritarismo. Sin embargo, la lectura más objetiva muestra que el grupo lleva años en pleitos fiscales por cobros que el propio SAT considera legítimos. No es la primera vez que Ricardo Salinas Pliego cuestiona abiertamente las instituciones cuando los tribunales le resultan adversos; lo ha hecho antes con la autoridad fiscal y con reguladores financieros, utilizando su cadena televisiva como altavoz de defensa personal.
El documento difundido en redes sociales también anticipa que el conglomerado impugnará las resoluciones ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que se le violan derechos fundamentales como la audiencia y el debido proceso.
Pero la estrategia parece menos jurídica que mediática. Al convertir una disputa tributaria en un alegato político sobre la supuesta “muerte del Estado de Derecho”, Grupo Salinas busca reposicionarse como víctima del poder, apelando a la simpatía del público y desviando la atención de lo esencial: el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
A lo largo del comunicado, el grupo insiste en su disposición a “pagar lo que es correcto”, pero rechaza los “dobles cobros abusivos”. No obstante, el SAT ha señalado reiteradamente que los montos reclamados responden a créditos firmes y a resoluciones legales previas. El problema no parece ser un doble cobro, sino la negativa del empresario a aceptar que las instituciones puedan —y deben— cobrar impuestos también a los poderosos.
El grupo empresarial sugiere que el conglomerado no solo se defiende en tribunales, sino también en la arena pública. Al afirmar que “la justicia y el Estado de Derecho ya no existen en México”, el grupo adopta una narrativa de deslegitimación institucional que recuerda los discursos de las élites cuando el Estado empieza a tratarlas como iguales ante la ley.
Paradójicamente, el comunicado denuncia la supuesta manipulación de la justicia por el Ejecutivo mientras desacredita de antemano cualquier fallo judicial que no le favorezca. En ese espejo invertido, el mensaje de Grupo Salinas parece menos una denuncia sobre el fin del Estado de Derecho y más un intento por redefinirlo a su conveniencia.
La confrontación con el Estado no es nueva: desde hace años, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha hecho de su discurso público una mezcla de sarcasmo, rebeldía y desafío a las instituciones. Su estilo directo y sus ataques en redes sociales le han ganado popularidad entre sectores que desconfían del gobierno, pero también críticas por su desprecio a las normas y por el uso mediático de su poder económico.
“Aquí estamos y aquí vamos a seguir muchos años más”, concluye el comunicado.
