Ricardo Salinas Pliego, el magnate que presume su riqueza con arrogancia en redes sociales, pretende ahora que el gobierno de México le acepte pagar apenas el 10 por ciento de lo que debe al fisco. Lo llama un “acto de buena fe”. Pero en realidad se trata de un intento por disfrazar de generosidad lo que es, en el fondo, una burla al Estado de derecho y a los millones de mexicanos que sí cumplen con sus impuestos.
El dueño de Grupo Salinas adeuda alrededor de 74 mil millones de pesos. Su “oferta” de cubrir solo 7 mil 600 millones —incluyendo un pago previo hecho hace dos años— no es un gesto honorable, es una provocación. Más aún cuando ha utilizado su poder mediático para insultar, amenazar y victimizarse cada vez que la autoridad fiscal le exige rendir cuentas.
¿Por qué el Gobierno debería perdonarle el 90 por ciento de su deuda? No hay justificación moral ni legal. Ningún pequeño empresario, comerciante o ciudadano común recibe ese trato. Si alguien deja de pagar sus contribuciones, el SAT procede con embargos, recargos o demandas. Pero Salinas Pliego pretende que su condición de multimillonario le dé derecho a un régimen de excepción.
El problema no es solo económico, sino simbólico. Ceder ante él sería revivir la era de los privilegios fiscales del viejo régimen neoliberal: condonaciones, pactos ocultos, favores a los poderosos. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al rechazar cualquier tipo de acuerdo “en lo oscurito”. Si el empresario quiere pagar, que lo haga como cualquier contribuyente: que solicite su línea de captura y transfiera el dinero. Sin escenarios mediáticos, sin cartas abiertas ni espectáculos de cumpleaños.
Salinas Pliego lleva años presentándose como víctima de persecución política, cuando en realidad lo que existe es un litigio fiscal que se arrastra desde los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Esas deudas nacieron en tiempos de corrupción y favoritismo, y hoy, cuando el país intenta desmontar ese sistema de impunidad, él grita censura y venganza. Pero lo que hay no es persecución: es justicia pendiente.
Si de verdad quiere “poner el ejemplo”, que empiece por cumplir con la ley. No hay razón para un trato especial. México necesita un precedente firme: que ni la riqueza, ni la influencia, ni la soberbia estén por encima del cumplimiento fiscal. Dejar pasar este caso sería abrir la puerta a la impunidad económica más descarada.
En otros países, cuando una empresa incumple sistemáticamente con el fisco, se aplican embargos, congelamiento de cuentas y sanciones ejemplares. Aquí debe suceder lo mismo. Si Salinas Pliego no paga, que se le embargue. Que el Estado demuestre que la ley no es negociable y que la justicia no se compra con fiestas ni discursos de autocompasión.
Si los ciudadanos pagan, los multimillonarios también deben hacerlo. México no puede seguir tolerando a quienes se enriquecieron bajo las sombras de la corrupción y ahora, con un disfraz de “buen contribuyente”, exigen perdón. La respuesta debería ser clara, que no haya perdón, y que se imponga la justicia.
