La aspiración presidencial de Ricardo Salinas Pliego volvió a colocarse en el centro del debate público, no por un proyecto de nación, sino por su resistencia a cumplir con el fisco. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la pretensión del empresario de competir por la Presidencia “por no pagar impuestos”, recordando que la libertad de postularse no exime de las obligaciones que cualquier ciudadano debe cumplir.
El caso no es menor, debido a que la deuda de Grupo Salinas con el SAT creció en un año de 63 mil a 74 mil millones de pesos, según la Procuraduría Fiscal. Detrás de esa cifra hay al menos 32 juicios en tribunales, muchos de ellos en la Suprema Corte de Justicia, con los que el corporativo busca evadir responsabilidades fiscales acumuladas durante más de 16 años.
Mientras tanto, Salinas Pliego proyecta una imagen de empresario rebelde, dispuesto a confrontar a la autoridad y a venderse como outsider político. Sin embargo, el trasfondo lo exhibe como un magnate que intenta proteger su fortuna, aún a costa de incumplir obligaciones que cualquier mexicano trabajador debe cubrir. “¿Qué piensa un ciudadano común de un aspirante presidencial que no quiere pagar impuestos?”, cuestionó Sheinbaum.
El contraste con la realidad nacional es evidente. Mientras el gobierno presume haber sacado a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza en los últimos años, el empresario libra batallas legales para no aportar al desarrollo del país que le ha dado su riqueza. Sus impugnaciones reiteradas representan no solo un desafío al SAT, sino también una afrenta a la idea de justicia tributaria.
El caso refleja, además, la tensión histórica entre grandes corporativos y el Estado mexicano. La 4T ha puesto sobre la mesa que nadie debe estar por encima de la ley, ni políticos ni empresarios. En este sentido, la resistencia de Salinas Pliego es un recordatorio de que el poder económico intenta blindarse mediante recursos judiciales, al tiempo que busca incursionar en la arena política.
Resulta inevitable recordar que personajes como Ernesto Zedillo, también criticado por Sheinbaum, favorecieron durante su gestión los rescates bancarios y las condonaciones fiscales que consolidaron la impunidad de grandes empresarios. Hoy, esa misma lógica parece revivir en la defensa del dueño de TV Azteca, que se escuda en la narrativa de persecución política cuando lo que está en juego es el pago de impuestos que benefician a toda la sociedad.
El desenlace de los litigios de Grupo Salinas marcará un precedente muy importante, porque o se demuestra que en México nadie está por encima de la ley, o se ratifica que los magnates con poder mediático pueden seguir jugando a la política mientras incumplen con la hacienda pública.
Por ahora, lo cierto es que la deuda sigue creciendo y la narrativa de Salinas Pliego difícilmente convencerá a quienes, con su salario íntegro, sí cumplen puntualmente con sus impuestos.
