El debate sobre la marihuana en Estados Unidos es, al mismo tiempo, una historia de hipocresías, prejuicios raciales, políticas fallidas y, más recientemente, de pragmatismo económico. Hoy, cuando 24 estados de la Unión Americana —además del Distrito de Columbia y tres territorios— han legalizado su uso recreativo, y 40 estados lo permiten con fines médicos, resulta necesario hacer un balance crítico. No se trata de una simple moda liberal ni de una victoria definitiva sobre la “guerra contra las drogas”; es una transformación compleja, con claroscuros, contradicciones y riesgos que vale la pena ponderar con detenimiento.
La marihuana llegó al territorio estadounidense en el siglo XIX, utilizada principalmente como cáñamo para fabricar textiles, cuerdas y papel. Sus propiedades medicinales eran reconocidas en la farmacopea de la época, pues formaba parte de tónicos y jarabes. Sin embargo, su consumo recreativo se expandió sobre todo a inicios del siglo XX, ligado a comunidades mexicanas migrantes tras la Revolución de 1910.
Este origen fue determinante en su criminalización. En la década de 1930, las campañas mediáticas la presentaron como una amenaza social vinculada a inmigrantes y a comunidades afroamericanas. El Marihuana Tax Act de 1937, en realidad un mecanismo para prohibir sin prohibir, fue acompañado de propaganda como Reefer Madness, película que la describía como detonante de violencia, locura y degeneración moral. No era un debate científico, sino ideológico y racista: se asociaba la planta con los “otros” para justificar su persecución.
En 1970, Richard Nixon promulgó la Ley de Sustancias Controladas, que clasificó a la mariguana como droga de Categoría I, la más restrictiva, al nivel de la heroína. Esta decisión —carente de consenso médico— fue política: Nixon buscaba debilitar a los movimientos juveniles y a las comunidades negras que se oponían a la guerra de Vietnam y exigían derechos civiles. La estrategia fue clara: criminalizar su cultura a través del consumo de cannabis.
Durante los años 80, Ronald Reagan profundizó esta estrategia bajo la retórica de la “guerra contra las drogas”. Las consecuencias fueron devastadoras: millones de detenciones por posesión simple, con un sesgo racial evidente. Los afroamericanos y latinos eran arrestados y encarcelados en proporciones desproporcionadas, aunque consumían cannabis en tasas similares a los blancos. El cannabis fue el pretexto perfecto para expandir un sistema carcelario punitivo que aún hoy deja cicatrices.
El cambio comenzó en California en 1996, cuando se aprobó la Proposición 215, legalizando la mariguana medicinal. El argumento fue de compasión: permitir que pacientes con cáncer, VIH o dolor crónico tuvieran acceso a un paliativo probado. Lo que parecía una excepción médica abrió la puerta a un movimiento mucho más amplio. En la década siguiente, otros estados adoptaron leyes similares, debilitando poco a poco el consenso prohibicionista federal.
Colorado y Washington dieron el salto histórico en 2012: legalizaron el uso recreativo para adultos. A partir de ahí, el mapa cambió con rapidez. Hoy son 24 estados, más D.C. y tres territorios, los que han normalizado el consumo lúdico. Otros 16 estados lo permiten únicamente con fines médicos.
El contraste con la política federal es llamativo: a nivel nacional, la marihuana sigue siendo ilegal y clasificada como droga de alto riesgo, pero en la práctica, más de la mitad de los estadounidenses viven en jurisdicciones donde pueden consumirla legalmente. Se trata de una “legalización fragmentada”, en la que conviven tres realidades: la prohibición federal, la legalización estatal y la persistencia del mercado ilícito.
El mercado legal de cannabis en Estados Unidos alcanzó en 2025 un valor estimado de 44.3 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 11.5% hasta 2030. Más allá de la cifra bruta, lo relevante son los efectos fiscales y laborales:
Recaudación fiscal: los estados han acumulado más de 24.7 mil millones de dólares en impuestos desde el inicio de la legalización recreativa, con un récord de 4.4 mil millones solo en 2024. Estos ingresos financian desde programas educativos hasta infraestructuras comunitarias.
Empleo: en 2023, la industria generó alrededor de 23 000 empleos netos, superando a sectores tradicionales como la minería del carbón.
Mercado paralelo: la caída de incautaciones de cannabis en la frontera con México entre 2013 y 2022 sugiere un desplazamiento parcial del contrabando, aunque el mercado ilícito sigue presente en estados con impuestos altos y regulación compleja.
El cannabis es ya una industria legítima que rivaliza con la cerveza artesanal o el vino en términos de ingresos, pero con una carga fiscal mucho más pesada.
Entre los beneficios de la legalización destacan:
Reducción de arrestos: en estados como Washington, las detenciones por posesión de adultos cayeron prácticamente a cero. Ello significó un alivio para el sistema judicial y una disminución de la persecución racista.
Reparación parcial: algunos estados han aprobado mecanismos de borrado de antecedentes, lo que permite a miles de personas liberarse de cargas penales por delitos menores de cannabis.
Control sanitario: al regular la producción, se ofrecen productos con etiquetado, control de potencia y pruebas de laboratorio, reduciendo riesgos frente al mercado negro.
No obstante, la legalización no está exenta de problemas:
Salud pública: en Colorado y otros estados se registraron picos de visitas a urgencias relacionadas con intoxicaciones por cannabis, sobre todo en la primera ola de legalización. Posteriormente, la curva se estabilizó, pero el fenómeno existe.
Adolescentes y jóvenes: la evidencia es contradictoria. Un estudio de 2025 señaló un aumento del 26% en prevalencia entre adolescentes, sobre todo por el acceso a comestibles y extractos de alta potencia. Otros estudios, sin embargo, no detectaron aumentos significativos en consumo juvenil.
Mercado ilícito persistente: en California, el alto costo de licencias y los impuestos han permitido que el mercado negro siga floreciendo. En algunos condados, las ventas ilegales superan las legales.
Salud mental: la literatura científica apunta a un mayor riesgo de psicosis y ansiedad en jóvenes consumidores de productos de alta potencia. La legalización no elimina el problema; lo visibiliza y obliga a tomar medidas regulatorias.
Un aspecto crucial es la justicia social. La “guerra contra las drogas” golpeó sobre todo a afroamericanos y latinos, que hoy enfrentan barreras para participar en el mercado legal. Los costos de licencias y la concentración de capital han permitido que grandes corporaciones —incluidas farmacéuticas y fondos de inversión— dominen el sector.
Algunos estados, como Illinois y Nueva York, han intentado implementar programas de “equidad social”, otorgando licencias prioritarias a comunidades afectadas por la criminalización. Sin embargo, la realidad es que las corporaciones concentran el negocio y los pequeños productores luchan por sobrevivir. La mariguana pasó de ser una causa de encarcelamiento masivo a un negocio legal millonario… pero para los mismos de siempre.
La legalización estatal ha avanzado, pero el marco federal sigue siendo contradictorio. Al mantener al cannabis en la Categoría I, las empresas enfrentan obstáculos enormes:
Impuestos federales (280E): las compañías no pueden deducir gastos normales, lo que eleva su carga fiscal a niveles insostenibles.
Sistema bancario: la mayoría de los bancos se niegan a operar con la industria por miedo a sanciones federales, obligando a muchas empresas a manejar efectivo, lo que incrementa riesgos de seguridad.
Reclasificación pendiente: en 2025, el debate sobre reclasificar la mariguana a una categoría menos restrictiva está en curso, lo que podría abrir la puerta a una regulación nacional más coherente.
El verdadero cambio no será completo hasta que el Congreso y la Casa Blanca decidan regular a nivel federal, lo que pondría fin a la actual esquizofrenia legal.
La marihuana legal en Estados Unidos es, sin duda, un fenómeno irreversible. El consenso social es claro: más del 65% de los ciudadanos apoyan la legalización. Sin embargo, el debate no debe reducirse a celebrar ingresos fiscales o a romantizar el cannabis como panacea.
Hay que reconocer: La legalización ha reducido detenciones y ha debilitado la criminalización racista. Ha generado miles de millones en impuestos y empleos. Ha desplazado parcialmente al mercado ilícito.
Pero también: Ha creado riesgos de salud pública que requieren políticas de prevención y educación. Ha mantenido un mercado ilegal paralelo por fallas regulatorias. Ha concentrado los beneficios en corporaciones, dejando de lado a comunidades históricamente castigadas.
La historia del cannabis en Estados Unidos refleja una paradoja: lo que durante un siglo fue demonizado, perseguido y utilizado como herramienta de opresión racial, hoy es un negocio legal que enriquece a unos pocos. La mariguana, antes símbolo de resistencia cultural y contracultural, ha sido absorbida por la lógica del mercado y convertida en un commodity.
El desafío no es ya discutir si debe legalizarse o no —esa batalla está prácticamente ganada—, sino cómo hacerlo de manera justa, responsable y equitativa. Porque si el cannabis se convierte simplemente en una industria más al servicio del capital corporativo, se habrá perdido la oportunidad de reparar un daño histórico.
Estados Unidos enfrenta así una encrucijada: puede consolidar un modelo regulatorio que combine salud pública, equidad social y desarrollo económico, o repetir la historia de siempre, donde los beneficios se concentran y los costos recaen en los más vulnerables. La mariguana legal no es un fin en sí mismo; es un medio para reconstruir una política pública fallida durante un siglo. Y en ese proceso, el verdadero reto será no olvidar a quienes cargaron con el peso de la prohibición.
Eso pienso yo, usted qué opina . La política es de bronce.
