Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciaron esta mañana un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad, las dudas sobre las verdaderas pretensiones de Washington siguen latentes.
El entendimiento, firmado en Palacio Nacional, plantea como ejes centrales el desmantelamiento de los cárteles de drogas, la atención a la migración irregular y la protección de la frontera compartida. Ambos gobiernos resaltaron que se trata de un esfuerzo “basado en el respeto a la soberanía, la reciprocidad y la confianza mutua”.
En la práctica, se contempla la creación de un grupo de alto nivel para dar seguimiento a compromisos, con reuniones periódicas y medidas inmediatas como reforzar los controles fronterizos, combatir los túneles clandestinos, frenar el tráfico de fentanilo y armas, así como atacar flujos financieros ilícitos.
Pese a las declaraciones de buena voluntad, el anuncio no elimina la sombra de escepticismo. Las tensiones acumuladas en los últimos años, especialmente por el trato hostil y a menudo despectivo del expresidente Donald Trump hacia los gobiernos mexicanos, pesan todavía en la percepción pública. Sus comentarios contra Sheinbaum, disfrazados de elogios ambiguos, han dejado claro que la relación bilateral sigue marcada por un tono de desconfianza.
Sheinbaum, acompañada por su gabinete de seguridad y el canciller Juan Ramón de la Fuente, insistió en que la reunión también incluyó temas de migración, comercio y sanidad agropecuaria, pero el énfasis estuvo en la agenda de seguridad. Mientras tanto, la conferencia conjunta de Rubio y De la Fuente buscó transmitir un mensaje de entendimiento sólido.
Sin embargo, más allá de los comunicados y de la solemnidad del acto, la pregunta persiste: ¿se trata de un verdadero pacto de cooperación o de un instrumento que Estados Unidos usará como herramienta de presión sobre México?
