En un encuentro donde participaron casi todos los mandatarios estatales, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue la gran ausente. Durante la 51ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los gobernadores de 30 estados, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aprobaron por unanimidad los acuerdos para homologar la estrategia nacional de seguridad a sus legislaciones locales.
La falta de Campos llamó la atención, dado que Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos, una de las problemáticas más graves que enfrenta el país. Mientras los demás mandatarios aceptaron avanzar en la consolidación de un modelo unificado en materia de seguridad, la gobernadora chihuahuense no se presentó a la sesión.
En el encuentro, transmitido en vivo por plataformas digitales, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que la estrategia nacional de seguridad se fundamenta en cuatro ejes: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer los sistemas de inteligencia e investigación, y mejorar los mecanismos de colaboración entre autoridades para combatir la impunidad. “En realidad, los acuerdos que se toman hoy tienen que ver con aterrizar la estrategia nacional en cada estado. ¡No es mucho más que eso!”, puntualizó.
Sheinbaum agregó que cada entidad federativa deberá atender las causas estructurales de la inseguridad, reforzar las policías estatales y municipales, así como coordinarse de manera estrecha con el gobierno federal, las fiscalías y los tribunales de justicia.
Durante la sesión también se abordaron temas clave, como la inminente aprobación de reformas constitucionales para combatir la extorsión. Una vez promulgada la ley general en la materia, los estados deberán homologar su legislación. La mandataria federal recordó que este delito, en aumento en el país, deberá perseguirse de oficio, evitando que la carga recaiga en las víctimas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el 96 por ciento de los delitos en México corresponden al fuero común, lo que hace indispensable fortalecer a las policías locales. “El futuro de la seguridad depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía”, subrayó.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó medidas para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellas la implementación de la CURP biométrica como herramienta de identificación y localización. “Los estados juegan un papel muy importante, ya que tienen registros civiles, les solicitamos mantener la información actualizada”, indicó.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, llamó a suscribir un acuerdo de apoyo a la vida comunitaria en todos los municipios, con el objetivo de consolidar la coordinación alcanzada este año y reflejarla en la vida diaria de las comunidades.
Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad de los asistentes, lo que evidenció un consenso entre los gobernadores y las autoridades federales en torno a la estrategia. La ausencia de la gobernadora de Chihuahua, sin embargo, la dejó fuera de un acuerdo que busca reforzar la seguridad en un país golpeado por la violencia, incluso cuando la entidad que gobierna ocupa un lugar crítico en los índices nacionales de homicidios.
