En una sesión cargada de simbolismo y solemnidad, el Senado de la República abrió esta noche el capítulo que muchos califican como histórico: la toma de protesta de cerca de 900 juzgadores electos por voto ciudadano el pasado mes de junio. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal sellan el fin de una era marcada por privilegios, corrupción y complicidades, para dar paso a un modelo inédito: una justicia que se asume cercana al pueblo, vigilada por el mandato democrático.
El sonido de la campanilla que tocó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, marcó algo más que el inicio protocolario de la ceremonia. Fue, para millones, la señal de que se cerraba la etapa oscura de la vieja Corte, durante décadas cuestionada por su lejanía con la ciudadanía y su sometimiento a intereses ajenos al mandato constitucional.
Rendirán protesta esta noche los nueve ministros y ministras de la renovada Suprema Corte: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. Detrás de ellos se sumaron los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de Sala Superior, los de salas regionales y más de 800 jueces de circuito y de distrito. Una ola de legitimidad popular que transformará el rostro del Poder Judicial.
Horas antes, el Zócalo capitalino fue escenario de un ritual sin precedentes: pueblos indígenas y afromexicanos entregaron bastones de mando a los nuevos ministros de la Corte. Frente a más de mil 500 asistentes, con copal, música tradicional y oraciones comunitarias, se dio forma a un encuentro inédito entre la justicia ancestral y la institución más alta del país.
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo y primer indígena en encabezar la Corte desde Benito Juárez, asumió la voz colectiva: “Nosotros somos los ministros y las ministras del pueblo. Hemos llegado por mandato del artículo 39 constitucional. Tenemos un encargo: sanear al Poder Judicial de la Federación y erradicar la corrupción, el nepotismo y la deshonestidad”.
Las palabras de Aguilar encarnaron la visión de una justicia incluyente que reconoce, por primera vez, a los pueblos originarios como parte viva de las instituciones. “El bastón de mando no es símbolo de poder, sino de servicio, confianza y protección. Nos obliga a defender a quienes no tienen voz”, subrayó.
El momento más emotivo fue la entrega simbólica del bastón de mando del ministro Arístides Rodrigo Guerrero, ausente por convalecencia tras un accidente. Su representación fue asumida por una autoridad tradicional de su estado natal, sellando así la fuerza comunitaria del acto.
Los nuevos ministros participaron en los rituales de purificación, levantaron las manos hacia los cuatro puntos cardinales y se fundieron en abrazos colectivos, gesto que selló el compromiso de conducir con dignidad y cercanía la nueva justicia mexicana. Entre aplausos y vítores, Lenia Batres fue nombrada “la ministra del pueblo”, mientras Hugo Aguilar recibía ovaciones como símbolo de la ruptura con el viejo orden judicial.
La reforma judicial de 2024, resistida durante meses por quienes defendían privilegios, ahora se materializa en una Corte renovada. El Poder Judicial, por primera vez en su historia, se abre al mandato popular y coloca a la voz ciudadana en el centro de sus decisiones. El fin de la vieja SCJN no es un mero relevo de nombres: es el cierre de un ciclo de oscuridad y la apertura de un camino donde justicia y democracia caminan juntas.
México asiste así al nacimiento de una Suprema Corte del pueblo, llamada a recuperar la confianza perdida, a garantizar derechos y a ser garante de los más vulnerables. Lo que se vive en el Senado es la proclamación de que la justicia mexicana ya no pertenece a una élite.
