Norma Piña se va de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tal como llegó: sirviendo a los intereses de personajes oscuros vinculados al viejo régimen neoliberal. Este jueves, la ministra saliente cerró su gestión desechando el último recurso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Juan Collado, abogado cercano a Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, acusado de un presunto fraude relacionado con la liberación de 40 millones de dólares en Andorra.
Con la resolución firmada el 20 de agosto, Piña declaró improcedente la revisión solicitada por la UIF, argumentando que no existían planteamientos constitucionales novedosos que justificaran la intervención de la Corte. Con ello, el máximo tribunal dio carpetazo definitivo al caso, blindando a Collado y dejando sin efecto cualquier posibilidad de reabrir las acusaciones de fraude.
La gestión de Piña se caracterizó por ser un bastión de protección a los poderosos. Lejos de fortalecer la confianza ciudadana, sus resoluciones más polémicas siempre terminaron favoreciendo a personajes vinculados con la corrupción estructural que marcó a México durante décadas.
El caso Collado es emblemático, porque desde que en 2016 inició el proceso para liberar sus recursos en Andorra, las instituciones del viejo régimen se encargaron de allanar el camino. La PGR de aquel entonces declaró inexistentes las pruebas de lavado de dinero. De acuerdo con datos periodísticos, funcionarios del sexenio peñista realizaron gestiones en Europa para liberar los fondos. Cuando finalmente la FGR intentó reabrir el caso, tribunales y jueces lo fueron desmantelando pieza por pieza. Con la decisión de Piña, el círculo se cierra en favor de uno de los abogados más cercanos al salinismo.
Paradójicamente, apenas unos días antes de esta resolución, Piña presentó su último informe de labores defendiendo lo que llamó la “independencia del Poder Judicial bajo asedio”. Se vanagloria de no responder con estridencias, sino con sentencias, y de sostener la Constitución frente a lo que describe como “calumnias” y “agresiones”. Sin embargo, la realidad muestra que bajo su mando la Corte terminó siendo un refugio de los enemigos del pueblo, blindando a quienes se beneficiaron del despojo y la corrupción.
La ministra resaltó logros administrativos, como digitalización de procesos o medidas de transparencia, pero esos anuncios palidecen frente al hecho político central: su presidencia coincidió con el fin del modelo judicial heredado del régimen priista y panista. La reforma constitucional de 2024 recortó su periodo y transformó el diseño institucional de la Corte, precisamente porque la ciudadanía ya no confiaba en jueces y ministros que actuaban como guardianes de privilegios.
El balance final es contundente, porque Norma Piña se va defendiendo lo indefendible. Su legado no es la independencia judicial que presume, sino el encubrimiento de figuras ligadas a Salinas de Gortari, Peña Nieto y el viejo entramado de corrupción que tanto daño causó al país. Mientras el Poder Judicial se prepara para una nueva etapa, marcada por la elección popular de jueces y ministros, Piña pasará a la historia como símbolo de la resistencia del viejo régimen y de los intereses que aún se niegan a soltar sus privilegios. Lo repetimos una vez más, Piña terminará en el basurero de la historia.
