Las afirmaciones del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada en un tribunal de Nueva York, donde aceptó su culpabilidad por cargos de crimen organizado, generaron preguntas sobre la posible complicidad de autoridades mexicanas con el crimen organizado. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no encubrirá a nadie, incluidos políticos, funcionarios o elementos de las Fuerzas Armadas, en caso de que existan pruebas que los relacionen con actividades ilícitas.
Zambada fue uno de los líderes más poderosos del narcotráfico, desde la década de 1970. Desde ese tiempo, ha habido 9 presidentes mexicanos: Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la jefa del Ejecutivo federal señaló con claridad que hasta el momento no existe ninguna evidencia en ese sentido. “Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie y, si en alguna investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación; pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra un servidor público, miembro del Ejército y de la Marina. Si se llegara a encontrar no se va a cubrir a nadie”, subrayó.
La mandataria insistió en que su administración mantiene una política de cero tolerancia frente a los actos de corrupción relacionados con la seguridad. “Estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena”, recalcó, al tiempo que se desmarcó de las versiones que circulan tras la confesión de Zambada.
Las preguntas surgieron después de que el cofundador del Cártel de Sinaloa se declarara culpable en Estados Unidos y, según los reportes judiciales, admitiera haber realizado sobornos a autoridades en México para garantizar sus operaciones. Sin embargo, hasta ahora esas declaraciones no se han traducido en señalamientos concretos contra funcionarios o militares en el país.
En ese mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, puntualizó que no existen en México denuncias ni investigaciones abiertas contra políticos, militares o marinos por supuestos vínculos con el crimen organizado. Explicó que los casos documentados hasta el momento corresponden únicamente a policías estatales y municipales.
“Lo que en su momento tuvimos, y fueron detenciones que se realizaron, fueron autoridades locales. No hemos tenido al momento ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo de delitos. Si llegara a haber una investigación lo trabajamos con las instituciones correspondientes”, señaló.
Al ser cuestionado de manera directa sobre funcionarios o políticos, García Harfuch reiteró: “Al momento no, pero si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia, se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener”.
Las declaraciones de la presidenta y del titular de la SSPC buscan poner límites claros en la narrativa que se desprende de la audiencia de Zambada en Brooklyn, donde las agencias de Estados Unidos destacaron la supuesta corrupción de autoridades mexicanas. Hasta ahora, el gobierno federal mantiene que no existe evidencia que confirme esas acusaciones y ha dejado abierta la puerta a actuar en caso de que aparezcan elementos sólidos.
