El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no solo ha significado recortes presupuestales y la desaparición de agencias gubernamentales. También ha abierto la puerta a una industria que, lejos de debilitarse, atraviesa un auge histórico: la detención de migrantes. Según una investigación del medio británico The Independent, los principales beneficiarios de esta política son empresas privadas con estrechos vínculos financieros con la campaña del republicano, que hoy acumulan ganancias millonarias gracias al endurecimiento de las políticas migratorias.
De acuerdo con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la actual administración ha recortado más de 202 mil millones de dólares en diferentes rubros. Sin embargo, el gobierno destinó una cifra sin precedentes de 45 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un impulso directo a la industria de la detención.
Las compañías privadas Geo Group y CoreCivic, principales operadoras de centros migratorios en el país, aparecen al centro de este negocio. No es casualidad: ambas aportaron juntas 2.7 millones de dólares a la campaña de Trump y sus comités asociados, además de contribuciones específicas para sus ceremonias de toma de posesión en 2016 y 2025.
Según The Independent, el impacto de estas políticas se reflejó casi de inmediato en Wall Street. Tras la victoria electoral de Trump, las acciones de CoreCivic se dispararon de 13.63 a 22.13 dólares en cuestión de días, mientras que las de Geo Group pasaron de 15.13 a 25.05 dólares. La razón es clara: el 86 por ciento de las personas migrantes detenidas se encuentran en instalaciones privadas, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
Actualmente, más de 60 mil personas permanecen recluidas en centros de detención migratoria, un incremento del 54 por ciento respecto al promedio registrado bajo el gobierno de Joe Biden. Pese a que solo el seis por ciento de los estadounidenses apoya la gestión privada de estas instalaciones, la mayoría de los centros más grandes del ICE están operados por corporaciones como Geo Group y CoreCivic.
El negocio es vasto. CoreCivic administra el centro más grande del país, en el condado de Adams, Misisipi, con capacidad para más de dos mil detenidos. Geo Group, por su parte, controla instalaciones clave como Pine Prairie, en Luisiana, que este año llegó a albergar más del doble de su capacidad autorizada.
The Independent expuso que estas empresas acumulan contratos federales que superan los 8 mil millones de dólares cada una. Más de un tercio de sus ingresos proviene directamente de ICE, lo que convierte a la agencia en su principal cliente gubernamental.
Pero el panorama apunta a un crecimiento todavía mayor. Documentos revelados por The Washington Post indican que ICE planea duplicar su capacidad para 2026, pasando de 50 mil a más de 107 mil detenidos. Para lograrlo, se abrirán o ampliarán 125 centros adicionales con contratos superiores a mil millones de dólares anuales entre CoreCivic y Geo Group.
Este proceso no ha estado exento de polémicas. Algunos contratos se han otorgado sin licitación bajo el argumento de “emergencia nacional”, lo que ha permitido a estas compañías expandirse sin competencia. En comunidades como Baldwin, Míchigan, y Mason, Tenesi, la reapertura de prisiones como centros migratorios ha generado fuertes protestas locales.
Stacy Suh, directora de la organización Detention Watch Network, advirtió que el modelo económico detrás de estas políticas crea un incentivo perverso: “Cuantas más personas se detienen, más crecen las ganancias. Los incentivos financieros son la base del encarcelamiento”.
Mientras hospitales y escuelas enfrentan recortes, el presupuesto del ICE ya supera al de muchos ejércitos del mundo. Y aunque crecen las críticas de ciudadanos y organizaciones, el negocio de las prisiones privadas parece asegurado, con el respaldo político de Trump y el flujo constante de contratos federales.
