En medio de una escalada de violencia en la Sierra Tarahumara y con Chihuahua ocupando el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos, la gobernadora María Eugenia Campos Galván volvió a ausentarse de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, instancia clave para coordinar estrategias de seguridad.
La reunión, celebrada en Palacio de Gobierno, fue presidida por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, quien asumió el papel de de la gobernadora que, nuevamente, brilló por su ausencia. Esta inasistencia no es menor, pues se da en medios de reportes sobre la incursión de grupos del crimen organizado en municipios serranos, donde la población vivió jornadas marcadas por el miedo.
Mientras los altos mandos militares, federales y estatales —incluidos representantes de la Guardia Nacional, Sedena, FGR y Bienestar— daban seguimiento a operativos y detenciones recientes, el gobierno estatal optó por hacer presencia sin su titular. Esta dinámica, que se repite con frecuencia preocupante, mina la percepción de liderazgo en una entidad atravesada por complejos desafíos de seguridad y migración.
El fiscal general del Estado, César Jáuregui, presentó avances en coordinación con las fuerzas federales, y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, reportó arrestos. Pero el mensaje que envía la ausencia de Campos es uno de distancia y desconexión frente a una crisis que demanda presencia política firme.
Resulta contradictorio que la jefa del Ejecutivo estatal evite el contacto directo en estos espacios de diálogo y definición estratégica, justo cuando más se requiere su conducción. La seguridad no puede tercerizarse, y menos en un estado donde el crimen organizado ha demostrado capacidad para sembrar terror y controlar territorios.
