La sombra de Enrique Peña Nieto vuelve a extenderse sobre el escenario político nacional, esta vez desde los tribunales de Jerusalén. Peña Nieto, en la mira por recibir 25 mdd por Pegasus, el software de espionaje más infame de la última década.
Los nombres de los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher quizá no nos digan mucho de inmediato. Pero, según el reportaje firmado por Gur Meggido, estos dos personajes “invirtieron” en Peña Nieto para asegurarse contratos durante su sexenio. La palabra utilizada en los documentos filtrados es “inversión”, como si el Estado mexicano fuera una empresa privada y la presidencia, una acción negociable en la bolsa de las complicidades. Así funcionaba antes.
Lo escandaloso no es sólo la cifra —25 millones de dólares—, ni que Peña Nieto sea nombrado directamente como “la personalidad” con la que hicieron tratos. Lo verdaderamente alarmante es lo que este caso revela. El poder presidencial fue convertido en mercancía y que los hilos de la corrupción se tejieron a escala internacional.
El juicio comenzó como un arbitraje bajo la Ley del Tora, pero terminó en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde los documentos salieron a la luz. Los rabinos que intervinieron en la primera etapa del litigio reconocieron que los empresarios “se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder” gracias a su vínculo con Peña Nieto. No estamos frente a una elucubración periodística: hablamos de testimonios y laudos judiciales que ahora circulan en instancias legales. Ya se abrió una zanja de sospecha.
La reacción del expresidente fue predecible. Negó todo, desde su cuenta de X, acusando falta de “rigurosidad periodística”. Pero en esta ocasión no basta con su desmentido habitual. No es una nota en un medio menor, no es un rumor sin sustento. Es una pieza respaldada por documentos judiciales en curso. Y eso exige algo más que un tuit indignado.
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó la gravedad del tema. “Estuvo medio tremendo”, dijo en la Mañanera. Y sí, lo estuvo. Porque aquí no se trata sólo de un conflicto entre empresarios israelíes; se trata de una nueva arista que confirma lo que por años se denunció desde diversas trincheras: que Pegasus no sólo fue un instrumento de espionaje, sino también un negocio sucio al más alto nivel del gobierno.
El escándalo trasciende lo mediático. Exige una investigación seria, completa, internacional si es necesario. México no puede seguir arrastrando el pasado reciente como si nada hubiera ocurrido. Peña Nieto no fue sólo el último presidente priista, fue también el último símbolo del viejo régimen conservador, aquel que protegía a los poderosos, usaba al Estado como botín, y reprimía con la tecnología lo que no podía controlar con argumentos.
El país merece una respuesta clara. ¿Se utilizó dinero extranjero para condicionar contratos públicos? ¿Se usó Pegasus no sólo como arma política sino también como moneda de intercambio? ¿Qué funcionarios participaron? ¿Dónde está ese dinero hoy?
Y, sobre todo, ¿cuándo responderán ante la justicia quienes convirtieron a México en un laboratorio de espionaje?
La historia ya no puede archivarse con otro “el expresidente lo negó”. El caso está abierto, documentado y en tribunales. Lo que corresponde ahora no es el silencio, sino la acción. Porque si el sistema judicial mexicano no investiga a fondo este escándalo, terminará siendo cómplice de quienes, desde la cima del poder, convirtieron a la presidencia en un negocio privado.
